EXTORSIÓN EJECUTADA DE MANERA CONTINUADA. SI SE MATERIALIZÓ BAJO LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 231, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 23 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, Y SIGUIÓ COMETIÉNDOSE CON LA AGRAVANTE PREVISTA EN SU FRACCIÓN V, INCORPORADA EN LA MISMA REFORMA, LA PENALIDAD APLICABLE DEBE SER LA PREVISTA PARA ESTA ÚLTIMA.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 33/2002, estableció que no se infringe el principio de irretroactividad contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se aplica la nueva ley, en caso de delito continuo o permanente, esto es, si la conducta delictiva empezó a realizarse antes de que aquélla entrara en vigor y se continúa cometiendo con posterioridad a la misma. Con apoyo en dicho criterio, por igualdad de razón, debe considerarse que la aplicación de la nueva disposición legal que prevé para el delito una pena más severa no constituye una vulneración al principio de irretroactividad de la ley, cuando su comisión se realizó de manera continuada, antes y después de que la misma entrara en vigor, pues en este supuesto, existe como semejanza relevante, al igual que en aquel supuesto, que todos sus elementos se mantuvieron concretándose bajo la vigencia de la disposición reformada. Es el caso del delito de extorsión, cuya consumación es continuada, cuando la conducta típica consistió en haber obligado al sujeto activo a entregar cantidades de dinero en forma continua durante un lapso, mediante requerimientos constantes, en términos del artículo 17, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, porque en dicho supuesto la figura delictiva se integra con cada entrega de dinero y, al mismo tiempo, queda de manifiesto que el agente activo ejecuta las conductas bajo un mismo propósito, es decir, a través de un conocimiento estructurado, un trazo a modo de plan o proyecto o un designio único, mediante el cual las diversas acciones delictivas aparecen significando etapas de realización hacia un objetivo común, lo que permite considerar todos los actos en conjunto como un solo delito. En consecuencia, de acuerdo con esa naturaleza jurídica en su comisión, si el delito aludido se materializó por primera vez durante la vigencia del artículo 231, párrafo primero, del código punitivo local, anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado del veintitrés de octubre de dos mil diez, que establecía una penalidad de cuatro a quince años para el tipo básico del delito, y sus elementos continuaron concretándose con la agravante incorporada con posterioridad a la entrada en vigor del referido decreto, en la fracción V del mismo numeral, relativa a "cuando se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero para evitar el daño con que se amenaza", para la que se estableció una penalidad mayor; entonces, sin que implique una aplicación retroactiva de la ley, la sanción aplicable debe considerar esa agravante, porque sus elementos se configuraron dentro del ámbito temporal de validez de la norma que la estableció. Lo anterior, desde luego, no impide que el referido principio cobre aplicación en beneficio del reo, si con posterioridad a la comisión de la última conducta la ley dispone la imposición de una pena más leve. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.