EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. SU VIGENCIA ES CONDICIONANTE PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El análisis de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 74, 88 y 94 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 130 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, permite establecer, entre otras cuestiones, que los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para impugnar la separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización. En ese contexto, la permanencia de los elementos operativos, está condicionada, entre otros requisitos, a la aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza que practica el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; así, el artículo 14, inciso 1, de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios (reformado mediante Decreto 27039/LXI/18 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de noviembre de 2018), permite establecer que los exámenes de control de confianza se aplicarán con el apoyo de las áreas administrativas, órganos y organismos competentes, y su resultado tendrá una vigencia máxima de dos años (previo a la reforma de 17 de noviembre de 2018), y de tres años (conforme al texto actual), según la fecha de su emisión. Luego, en el momento en que la dependencia a la cual estén adscritos los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública, tenga conocimiento de que alguno de éstos obtuvo un resultado de "no apto" en la evaluación de control de confianza, iniciará el procedimiento de separación correspondiente, de conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Razón por la cual, si bien es cierto que los miembros de esas instituciones pueden ser examinados en cualquier momento a fin de verificar si cumplen con los principios rectores del régimen de seguridad pública a que están sujetos, también lo es que las acciones que al respecto se lleven a cabo deberán respetar en todo momento, el plazo que dispone el señalado artículo 14, inciso 1 (tanto en el texto vigente como en el anterior), a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los servidores públicos, dadas las consecuencias que pueden originarse en el evento de que se considere que no cumplen con esos principios, esto es, la separación de su cargo irrevocable. Por tanto, si después de transcurrido el plazo de vigencia de los exámenes de control y confianza, se inicia el procedimiento de separación respectivo, ello genera una violación a los principios fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se motivó indebidamente la instauración de dicho procedimiento administrativo, por haberse fundado en pruebas que carecían de efectos jurídicos, al haber perdido su vigencia. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.