CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SU ACUERDO DE NO RATIFICACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN ALGUNO DE LOS PUESTOS DE CARRERA JUDICIAL (DISTINTO DEL DE JUEZ), NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

De los artículos 63, fracción XLIII, 94 y 97, fracciones I, IV, V, VI, X, XI y XVIII, de la Constitución Política; 91, fracciones I y XIV, 116, 126 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 19, fracciones XIX, XXXVIII y XXXIX, del Reglamento Orgánico Interior del Consejo de la Judicatura y 1o., 2o., 5o., 84o., 91o. y 92o. de la Ley del Servicio Civil, todos del Estado de Nuevo León, se advierte que la actuación del referido Consejo, relacionada con aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, la despliega como patrón y no como autoridad, en uso de la facultad conferida en una norma que le permite crear, modificar o extinguir una situación jurídica de aquéllos, de manera unilateral. En estas condiciones, aunque el acuerdo de no ratificación de un servidor público en alguno de los puestos de carrera judicial (distinto del de Juez), derivado de la recomendación contenida en el dictamen de evaluación emitido por el Instituto de la Judicatura local, se funde en una norma y extinga una situación jurídica de aquél, incide en la relación laboral existente entre el propio Consejo y el afectado, porque al ser designado de manera provisional, el patrón tiene la facultad, llegado el plazo fijado en la norma jurídica que rige esa relación, de ratificarlo o no en el cargo. Por tanto, la extinción de esa relación laboral, como consecuencia de la no ratificación, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque las controversias sobre el particular deben ser resueltas por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.