RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN EN AQUELLOS ASUNTOS DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS PENSIONARIOS, INICIA CON LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA EL AJUSTE EN LA CUOTA DIARIA DE PENSIÓN.

Se considera que el acto lesivo a que hace referencia el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, la actividad administrativa irregular del Estado, atribuida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), consistió en la omisión de calcular, incrementar y pagar la cuota diaria de pensión conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley de ese Instituto, el cual es un acto de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar correctamente la pensión y que la diferencia se mantenga en su poder; además, se realiza en forma consecutiva atento a que la pensión se genera día con día. Los actos denunciados como actividad irregular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se fundaron en pronunciamientos jurisdiccionales, que a partir de la fecha de su firmeza, adquieren el carácter de verdad jurídica y constituye éste el momento en que de manera plena y cierta cesan los efectos lesivos, pues a partir de ese momento dicho Instituto debe ceñir su actuar al derecho reconocido en cuanto al ajuste, incremento y correcto cálculo de la cuota diaria de pensión. Por tanto, es a partir de la fecha en que la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo adquiere el carácter de cosa juzgada, que debe iniciar el cómputo del plazo de un año que prevé el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que opere la prescripción, lo que constituye un límite razonable para ejercer la acción, pues el precepto es claro en establecer que el plazo de la prescripción inicia en el momento en que hayan cesado los efectos de la actividad irregular del Estado, lo que en el caso acontece al incorporarse en definitiva el derecho a la esfera jurídica de la persona. Lo anterior sin prejuzgar en cuanto a si se configura o no la actividad irregular denunciada, sino sólo se establece el momento en que inicia el plazo de prescripción correspondiente. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.