INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL DERIVADO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA CARECE DE COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER Y RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA.

Hechos: Un particular promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa –antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo– del Estado de Colima, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, argumentando que los actos imputados a diversas autoridades afectaron la consideración que sobre su persona tienen los demás, al haber sido denostado y exhibido públicamente. Es decir, atendiendo a la causa de pedir, reclamó la indemnización por el daño moral causado en su honor y en la imagen que de él tiene la sociedad. El órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del juicio, al señalar que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima sólo prevé la indemnización por los daños emergentes, personales y materiales, sin que dentro de éstos se encuentre el daño moral, que es de naturaleza civil; determinación que originó el juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima carece de competencia por materia para conocer y resolver la acción ejercida, con la finalidad de obtener resarcimiento económico por el daño moral que el actor estima sufrido. Justificación: El artículo 2o. de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima es claro al definir qué debe entenderse por daño emergente, personal y material, para que a través del juicio de responsabilidad patrimonial puedan reclamarse los que se ocasionen a una persona, sin que en dichas definiciones se contemple el daño moral. Así, de dicha norma se advierte la voluntad del legislador de regular el daño personal causado con motivo de la actividad irregular del Estado, desde el punto de vista orgánico funcional, es decir, aquel que produce una incapacidad temporal o permanente, sin que abarque aspectos de los derechos inherentes a la personalidad, como el honor; circunstancia que corrobora el diverso precepto 15 del mismo ordenamiento, el cual establece la forma de calcular los montos de las indemnizaciones. Además, no se surten los requisitos legales que permitan acudir a la figura de la supletoriedad, a fin de aplicar lo dispuesto por la legislación civil local y, en consecuencia, admitir la demanda, así como resolver la acción planteada por el demandante, porque la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima contiene disposiciones lo suficientemente específicas como para determinar la afectación a los derechos que pueden ser reclamados a través del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.