JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT, PREVIAMENTE AL EXAMEN DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN, DEBE PRECISAR LAS CARGAS PROBATORIAS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Hechos: En un juicio contencioso administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit declaró la validez de la resolución dictada por el Consejo Técnico de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, en la cual determinó el cese del cargo de la parte quejosa como agente de policía, sin advertir que dicho consejo no se pronunció respecto del punto defensivo que el sujeto materia de la investigación administrativa hizo valer en los alegatos que formuló en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo disciplinario, con lo cual pretendió la anulación por invalidez del cese, mientras que el órgano jurisdiccional referido tampoco analizó ese argumento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que antes del examen de los conceptos de impugnación, el tribunal referido debe precisar las cargas probatorias en el juicio contencioso administrativo con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de igualdad entre las partes y de tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque tratándose de cargas probatorias ha de partirse del principio general de que es a la parte actora a quien corresponde probar los hechos constitutivos de su acción; sin embargo, excepcionalmente procede invertirse esa obligación adjetiva para que sea la demandada quien justifique alguno de estos hechos, cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Asimismo, en torno a la dinámica de la carga de la prueba, se debe atender a los principios lógico y ontológico que facilitan la tarea del juzgador en su comprensión y aplicación, pues permiten conocer de qué forma se desplazan dichas cargas probatorias, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo con las aseveraciones que formulan durante el juicio. En ese sentido, para establecer la distribución de la carga probatoria debe considerarse si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues, en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración que pudiera trasladar la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad, mientras que en el segundo, es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso correspondería a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto ante la indefinición de la negación formulada, circunstancias que deben ser analizadas por el Tribunal de Justicia Administrativa responsable, con el propósito de atender la cuestión efectivamente planteada y de esta forma resolverla de acuerdo con los parámetros de legalidad fijados en la propia ley que rige el acto reclamado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.