PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA. NO LO VIOLA LA SENTENCIA FIRME QUE ABSUELVE A SU CONTRAPARTE EN UN JUICIO DEL PAGO DE ALGUNA PRESTACIÓN EN SU FAVOR, PUES NO COMPROMETE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, NI LE IMPIDE CELEBRAR TODOS LOS DEMÁS NEGOCIOS QUE SUS CAPACIDADES Y OBJETO SOCIAL LE PERMITAN.

Hechos: Una persona moral acudió al amparo directo a controvertir la sentencia que absolvió de pago a su contraparte, en cumplimiento a una diversa ejecutoria amparadora. En uno de sus argumentos, la quejosa consideró que esa resolución violaba el principio de conservación de la empresa, porque la falta de ese pago ponía en riesgo sus operaciones; sin embargo, se le negó la protección constitucional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sentencia firme que absuelve del pago de alguna prestación en favor de una empresa, no viola el principio de conservación de ésta, pues no compromete su normal funcionamiento, ni le impide celebrar todos los demás negocios que sus capacidades y objeto social le permitan. Justificación: Lo anterior, porque el citado principio de conservación de la empresa se encuentra previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, el cual guarda relación con el artículo 9o. de la Constitución General. Este principio busca que a través de los concursos mercantiles las empresas puedan maximizar su valor social mediante su conservación, a través del entendimiento de los distintos intereses que existen, ya que de no conservarse la empresa afectaría a todas sus partes relacionadas, por lo que se pretende mantener las distintas fuentes de riqueza que ésta genera, como lo son los trabajos, el pago de impuestos, el pago a proveedores, entre otros. La empresa se considera como un bien que genera beneficios a la colectividad (da empleos y genera riqueza interna), por lo que debe ser protegida por el Estado y se vuelve de interés público su no extinción; sin embargo, la absolución de pago en sentencia firme, por sí misma, no viola ese principio, pues no le impide a la empresa perdidosa continuar con sus operaciones normales para obtener ingresos de otras fuentes, ni cumplir sus obligaciones contraídas; además de que la inviabilidad de las operaciones de una parte no puede implicar privar del patrimonio a otra si en un juicio previo ya se determinó que esta última no tiene la obligación de cubrir el pago en los términos en los que se demandó originalmente; es decir, las dificultades económicas de una empresa no pueden obligar indefectiblemente a otra a que le cubra un pago que no tiene la obligación de soportar, ni siquiera para conservarla. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.