SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 2, 51, 53, 55, 59, 60 (EXCEPTO DE SU PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II) Y 65 BIS (SALVO ALGUNOS LUGARES) DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, ASÍ COMO PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMA CORRESPONDIENTE, YA QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO HUMANO A LA SALUD FÍSICA.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto, una persona jurídica con el giro de restaurante bar reclamó la inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, reformado y adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022 y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, para que se impidan sus efectos y consecuencias. En el incidente relativo el Juez de Distrito negó la medida cautelar, argumentando que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de queja con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra los efectos y consecuencias de los artículos 2, 51, 53, 55, 59, 60 (excepto su párrafo primero y fracción II) y 65 Bis (salvo algunos lugares como patios, terrazas, balcones, centros de espectáculos, estadios, arenas, plazas comerciales y hoteles, siempre y cuando se reúnan los requerimientos legales de espacio físico) del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, así como primero y tercero transitorios del decreto de reforma correspondiente, ya que debe prevalecer la constitucionalidad de dichas normas generales, que protegen el derecho humano a la salud física de los no fumadores, de niñas, niños y adolescentes, personas enfermas, deportistas, mujeres embarazadas y de las personas que acuden a espacios cerrados. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud, el cual se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, lo que representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo. En ese sentido y acorde con los diversos ordenamientos suscritos por el Estado Mexicano, el derecho a la protección de la salud supone una diversa gama de acciones dirigidas a promover las condiciones en las cuales se desarrollan las personas, a fin de que puedan llevar una vida sana, lo cual implica un estado de bienestar físico, mental y social. En esas circunstancias, el derecho a la protección a la salud supone un cúmulo de facultades de los órganos de gobierno cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de la población esté protegida a través de la emisión de normas de carácter general, tendentes a prevenir un daño a la salud física de las personas. En ese contexto, con la concesión de la suspensión se causaría perjuicio al interés social, ya que los preceptos reclamados establecen una medida de control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, en aras de proteger la salud física de las personas. En consecuencia, dado que el perjuicio al interés social y al orden público es mayor a los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa, procede negar la medida cautelar provisional solicitada; máxime que un escrutinio superficial no revela que las normas cuestionadas sean inconstitucionales. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.