DEFENSA ADECUADA. NO PUEDE ANALIZARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN ASUNTOS QUE SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.

Hechos: En un juicio oral mercantil sobre vencimiento anticipado de contrato de apertura de crédito simple, se condenó al demandado. Inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que adujo, entre otras cuestiones, que no tuvo una defensa adecuada porque sus autorizados no comparecieron a todas las audiencias. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo, para lo cual analizó el argumento de falta de defensa adecuada como violación procesal y lo declaró inoperante al no haberse precisado su trascendencia al resultado del fallo. Contra esta sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho como son los de materia mercantil, la vulneración al derecho a una adecuada defensa no puede analizarse como violación procesal, pues el mismo ha sido reconocido únicamente para las personas imputadas dentro de un procedimiento penal instaurado en su contra. Justificación: La doctrina respecto al derecho a una adecuada defensa ha sido amplia y exhaustivamente desarrollada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacando la trascendental importancia del reconocimiento de este derecho para las personas sujetas a un procedimiento penal. En ese sentido, se ha establecido que para dotar de contenido normativo a la faceta material del derecho a la defensa adecuada, el órgano jurisdiccional durante el procedimiento penal se encuentra constreñido a vigilar que ese derecho no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada. Sin embargo, en los asuntos que forman parte del derecho privado, como lo son los civiles y mercantiles que se rigen por el principio dispositivo y son de litis cerrada, la intervención oficiosa del órgano jurisdiccional está restringida al análisis de cuestiones estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción, de aquellas excepcionalmente consideradas indispensables por el legislador para que el actor obtenga sentencia favorable, o bien, a las relativas al ejercicio del control difuso de constitucionalidad; ello, en aras de contribuir a la imparcialidad que la persona juzgadora debe guardar en el procedimiento. PRIMERA SALA.