FALTA ADMINISTRATIVA DE DESVÍO DE RECURSOS. LA DESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE CONTRAPONE A LAS DEFINICIONES CONVENCIONALES.

Hechos: Un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social participó en la adjudicación de un contrato público para adquirir consumibles de equipo de cómputo sin haber realizado previamente una investigación de mercado que garantizara las mejores condiciones para el Estado. Por estos actos, fue sancionado con la inhabilitación temporal para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público, al considerarse que incurrió en la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos, prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta determinación fue confirmada en segunda instancia. En contra de la resolución de apelación, el funcionario promovió un juicio de amparo directo alegando que la definición legal de desvío de recursos no era compatible con los estándares internacionales previstos en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, numeral 1, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Argumentó que dichas normas internacionales exigen que el funcionario haya obtenido un beneficio personal, para sí mismo, o para un tercero, elemento que no está contemplado en la norma nacional. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo al considerar que, si bien existen diferencias de redacción, la conducta descrita en la norma impugnada es equivalente, en términos generales, a las normas convencionales invocadas. Inconforme, el servidor público interpuso un recurso de revisión, y la autoridad tercera interesada se adhirió. El asunto se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre el problema de convencionalidad subsistente y determinó que la definición legal es convencional. Criterio jurídico: La descripción de la falta administrativa de desvío de recursos, prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se contrapone a la contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, numeral 1, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues la obligación internacional de homologar en materia de combate a la corrupción está dirigida al ámbito penal, no al administrativo. Por tanto, no se exige que la descripción normativa de la falta administrativa sea idéntica al contenido de los artículos convencionales mencionados. Lo reprochable en ambas normas, la nacional y la internacional, es el desvío de los recursos públicos respecto del fin legal al que estaban destinados, cometido por quien tiene a su cargo su correcta administración. Justificación: El Estado mexicano suscribió la Convención Interamericana y la de las Naciones Unidas contra la Corrupción, comprometiéndose a tipificar el desvío de recursos como conducta sancionable. Sin embargo, ese compromiso tiene como objeto central la materia penal, donde se exige mayor precisión en los tipos normativos y en las garantías procesales. En el caso de las faltas administrativas, el orden jurídico nacional conserva un margen razonable de configuración normativa, siempre que se respete el debido proceso. Esto es, el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona al servidor público que autorice, solicite o asigne recursos materiales, humanos o financieros sin justificación legal o en contravención a la normativa aplicable. Asimismo, considera desvío de recursos autorizar pagos o beneficios no previstos en el marco legal correspondiente. Esta descripción se aproxima suficientemente a lo dispuesto en los tratados internacionales, en cuanto a que el servidor público no debe disponer de los recursos públicos de manera contraria a su objeto legal. Por tanto, para cumplir con los compromisos internacionales, no resulta necesario que la ley administrativa incluya como elemento para que se verifique la falta administrativa de desvío de recursos la obtención de un beneficio personal, para sí mismo, o para un tercero. PRIMERA SALA.