Artículo 1 de la LEY para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Esta ley aplica en todo México y su objetivo es crear reglas para que se puedan hacer inversiones en proyectos de infraestructura importantes para el país, como carreteras, hospitales o plantas de energía, con la participación del gobierno, empresas privadas y la sociedad. Todo debe hacerse siguiendo lo que dice la Constitución y las leyes sobre cómo se gasta el dinero público, los presupuestos y las deudas. Ojo: esta ley por sí sola no permite gastar dinero ni pedir préstamos; para eso se necesitan autorizaciones especiales. Si participan estados o municipios, deben cumplir con sus propias reglas de finanzas y deudas, y con los acuerdos que firmen con el gobierno federal.

Texto oficial

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la Soberanía Nacional, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se sujetarán en todo momento a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas vigentes en materia de gasto público, presupuestaria, deuda, y demás que resulten conducentes. La presente Ley no podrá interpretarse como fuente autónoma de asignación presupuestaria, autorización de gasto, contratación de financiamientos, otorgamiento de garantías, ni de asunción de obligaciones financieras, directas o contingentes, a cargo del Estado, sin el cumplimiento de las disposiciones aplicables y, en su caso, de las autorizaciones que correspondan. En los supuestos en que participen entidades federativas o municipios, la aplicación de esta Ley se realizará conforme a la normativa aplicable en materia de disciplina financiera, presupuesto, contabilidad gubernamental y deuda pública, así como a los convenios que, en su caso, se celebren con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.