CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA EN LA PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL QUE IMPLIQUE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ALGUNA DE LAS PARTES, SIEMPRE QUE DURANTE UN AÑO EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL DE ÉSTAS, NO DERIVADA DE FUERZA MAYOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 850 a 855 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, se concluye que cuando por más de un año exista inactividad procesal de las partes, que no derive de fuerza mayor, opera la caducidad de la instancia aunque se encuentre pendiente de ejecutar una diligencia judicial -cuya realización sea deber del órgano jurisdiccional- que implique la notificación personal de alguna de las partes, en virtud de que dicha caducidad procede como consecuencia del incumplimiento de la carga del impulso procesal, establecida por igual para las partes contendientes, con la finalidad de que los juicios no queden pendientes indefinidamente. En efecto, si bien es cierto que el deber de administrar justicia pronta y expedita corresponde al órgano jurisdiccional, también lo es que tratándose de juicios en los cuales rige el principio dispositivo, es decir, aquellos en que se ventilan derechos particulares y, por ende, disponibles, la carga del impulso procesal se atribuye a las partes; de manera que el deber del juez, que incluye practicar las diligencias judiciales a que se encuentra constreñido, es distinto de la obligación de las partes contendientes en el procedimiento, consistente en abstenerse de abandonar la instancia, pues ésta redunda en beneficio de los intereses de quien debe cumplirla, por lo que las consecuencias jurídicas en ambos supuestos son distintas. Así, cuando rija el principio dispositivo, el resultado que pudiera generarse por el incumplimiento del deber del juzgador no es obstáculo para que se decrete la caducidad de la instancia, en el entendido de que en cada caso habrá de determinarse la aplicación del indicado principio que, por regla general, opera en los procedimientos del orden civil.