SERVIDORES PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE PUBLICAR EN UN ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL LA NORMATIVA INTERNA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A FIN DE QUE AQUÉLLOS TENGAN CONOCIMIENTO PLENO DE SU CONTENIDO Y DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LAS QUE PODRÍAN ENFRENTARSE EN CASO DE INCUMPLIRLA, NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFECHA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE DICHA INFORMACIÓN SE DIFUNDA A TRAVÉS DE LA RED INSTITUCIONAL (INTRANET) CORRESPONDIENTE.

La necesidad de publicar en un órgano de difusión oficial, como el Diario Oficial de la Federación, la normativa interna de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que sus servidores públicos tengan conocimiento pleno de su contenido y sepan -con certeza y precisión- las responsabilidades y sanciones a las que podría enfrentarse en caso de incumplirla, no puede considerarse satisfecha por la circunstancia de que aquélla se difunda a través de la red institucional (intranet) correspondiente, pues aun cuando es válido publicar datos, resoluciones e información en esa red, lo que de suyo constituye un hecho notorio para quienes tienen acceso a ella, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , lo cierto es que mientras dicha normativa (manuales de operación, circulares, avisos, etcétera) no se publique en un medio de comunicación oficial, no es válido concluir que pueda y deba servir de sustento legal para la aplicación de las sanciones correspondientes, pues al ser disposiciones administrativas de carácter general que imponen obligaciones generales e impersonales, no pueden cobrar obligatoriedad y vigencia al no existir disposición jurídica que le reconozca obligatoriedad a esa clase de comunicaciones electrónicas. En todo caso, el incumplimiento de ese requisito, que incluso es exigido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , se traduciría en que las mencionadas normas sean de carácter meramente informativo para sus destinatarios. No estimarlo así implicaría no brindar seguridad jurídica al servidor público a quien se dirija dicha normatividad, pues no habría certeza plena de que la conocía, junto con las responsabilidades que se le fincarían y las sanciones que se le impondrían en el supuesto de que incurriera en el incumplimiento de sus deberes o en irregularidades en el desempeño de sus funciones a propósito de su desacato, sustentado en esa clase de comunicados. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.