CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI UNO DE ELLOS DESCONOCE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA SOBRE LA CUESTIÓN COMPETENCIAL Y DECLARA SER INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO RELATIVO, PROCEDE REVOCAR SU DETERMINACIÓN EN RESPETO A LA GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La cosa juzgada se instituye en el orden jurídico nacional como resultado de un juicio regular concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de volver a discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Así, al existir un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer de determinado asunto, porque en su contra no procede recurso alguno, dicha resolución adquiere la calidad de cosa juzgada propia de toda decisión jurisdiccional y, por tanto, es irrebatible, indiscutible e inmodificable incluso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo este tenor, si un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, decide cuál es el Juzgado de Distrito investido de facultades para conocer del asunto en primera instancia, tal resolución constituye cosa juzgada al derivar de un medio de defensa inimpugnable acorde con el último párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional , independientemente de lo acertado o no de esa decisión. Por tanto, un diverso Tribunal Colegiado de Circuito al conocer en revisión del juicio de amparo indirecto resuelto ahora por el Juez de Distrito declarado competente, jurídicamente no puede volver a examinar ese tema competencial; y, si lo hace declarando ser incompetente para conocer del asunto por estimar que la revisión proviene de un órgano jurisdiccional incompetente, sería con violación al principio de cosa juzgada, lo que da lugar a revocar esa determinación atendiendo a los principios relativos de la garantía de administración de justicia y de seguridad jurídica, y ordenar que conozca y resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración. Lo anterior, en virtud de que la cosa juzgada debe acatarse aun cuando se estime que esa decisión pueda no ser correcta, es decir, independientemente de la responsabilidad en la que se pudo haber incurrido.