PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN QUE CUMPLIMENTA UNA SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE VALORAR LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE FORMABAN PARTE DE LA CAUSA ANTES DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN QUE NUEVAMENTE SE IMPUGNA AUN CUANDO ALGUNAS SE HAYAN INCORPORADO DESPUÉS DE DICTADO EL PRIMER ACTO RECLAMADO.

La autoridad responsable está obligada a atender la totalidad de las constancias que obren en autos aunque algunas se alleguen después de dictado el primer acto reclamado (resolución de término constitucional, la cual quedó sin efectos en virtud de una ejecutoria de amparo), pues ya formaban parte de la causa antes del dictado de la segunda resolución que nuevamente se reclama; lo anterior es así, toda vez que la valoración de las pruebas, en principio, es obligación de la autoridad de instancia y en esa tarea no puede, por tanto, sustituirse la autoridad de amparo (salvo los casos jurisprudencialmente reconocidos), además, porque la omisión de su valoración afecta las garantías del quejoso, y esa afectación es la que compete destacar al órgano de control constitucional. Cabe aclarar que el llamado principio de limitación de pruebas en el amparo que recoge el artículo 78 de la Ley de Amparo , no es obstáculo para exigir de la responsable la valoración de las pruebas que sean incorporadas hasta antes del dictado de la resolución cumplimentadora, pues legalmente ya forman parte de la causa respectiva y, por ende, obran a la vista de la responsable, la cual debe atenderlas a fin de contribuir con los principios de tutela judicial efectiva y de justicia pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Además, debe recordarse que el aludido principio de limitación rige precisamente para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo dentro del juicio de constitucionalidad, donde la materia de estudio es precisamente el actuar de la autoridad, pero no de la responsable que actúa como órgano ordinario de instancia, sino del tribunal de amparo, el cual no debe eludir su obligación de respetar los derechos fundamentales de los gobernados (justiciables) entre los que se encuentra el de acceso a una justicia completa e imparcial. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.