MEDIDAS DE APREMIO. EL CITATORIO EMITIDO PARA QUE UNA PERSONA SE PRESENTE A LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER PENAL, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO COMPARECER SE HARÁ ACREEDORA A CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO, SIN ESPECIFICAR A CUÁL DE ELLAS SE REFIERE, CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Aun cuando en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, pues en su artículo 49 únicamente enumera las que son factibles de aplicar, resulta inconcuso que de una interpretación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que para que sea legal tal imposición, deben actualizarse como requisitos mínimos: a) La existencia de una determinación justa, fundada en derecho y debidamente motivada que deba ser cumplida por alguna de las personas involucradas en el litigio, y b) La comunicación oportuna mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento que de no cumplir se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Acorde con lo anterior, el citatorio emitido para el efecto de que una persona se presente a la práctica de una diligencia de carácter penal, con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se hará acreedora a cualquiera de las medidas de apremio previstas en el precepto citado, sin especificar a cuál de ellas se refiere, carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que dicho normativo contiene tres fracciones en donde se establecen diversas medidas de apremio, de ahí que para que el gobernado tenga certeza de que tal acto es conforme con las disposiciones legales, la autoridad debe emitirlo en los términos y bajo las condiciones establecidas por los principios constitucionales de referencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.