OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA SANCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYE UNA PENA INFAMANTE.

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe la pena infamante, consistente en atacar la fama o reputación de una persona, buscando deshonrarla o desacreditarla, imborrable y permanentemente, respecto a terceros. Conforme a lo anterior, el hecho de que el artículo 51, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establezca la obligación de las dependencias y entidades de la administración pública federal de abstenerse por el término de un año de recibir propuestas o contratar con la persona a quien se le hubiere rescindido administrativamente un contrato, por causas imputables a ella, no constituye una pena infamante, pues únicamente tiene consecuencias eminentemente económicas, con la pretensión de conminar al afectado a cumplir con las obligaciones contraídas en un contrato de obra pública y evitar que vuelva a cometer la falta que motivó la rescisión administrativa, salvaguardando el patrimonio del erario federal y protegiendo la inversión pública, pero no con el fin de deshonrar o desacreditar al contratista ante la sociedad.