CONVENIO ELEVADO A SENTENCIA EJECUTORIADA EN MATERIA FAMILIAR. PREVIO A REQUERIR SU CUMPLIMIENTO A UNA DE LAS PARTES, APERCIBIÉNDOLA CON LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA MEDIDA DE APREMIO, EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO DEBE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZADA, YA QUE DE LO CONTRARIO VIOLARÍA LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO LEGAL Y LEGALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

De los artículos 432, 441 y 442 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla , vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se colige que la ejecución de sentencias en vía de apremio, incluidos los convenios celebrados o ratificados ante autoridad judicial, se verifica cuando el o los obligados a cumplir lo acordado, no lo hacen voluntariamente, sino que deben ser constreñidos por la propia autoridad judicial, de manera que la ejecución se verifica de manera forzada. También se desprende que cuando se trate de un procedimiento de índole familiar, la ejecución no requiere instancia de parte, sino que debe tramitarse de oficio; asimismo, del procedimiento previsto para la ejecución en vía de apremio, se advierte que al derecho de acción ejercido por quien pide la ejecución, en el caso de que ésta sea a instancia de parte, se opone el de contradicción que tiene aquel que se encuentra obligado a cumplir con la sentencia o convenio, oponiendo las excepciones correspondientes; por tanto, si bien en tratándose de un procedimiento familiar, la ley no exige el ejercicio de la acción de ejecución de sentencia, porque ésta debe proveerse oficiosamente, ello no implica que la parte contra la que se sigue el procedimiento de ejecución por vía de apremio, no tenga derecho a ser oída en defensa de sus intereses ni que no pueda hacer valer las razones por las que se niega a cumplir voluntariamente el convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoriada. De lo anterior se concluye que la autoridad judicial a la que se solicite la ejecución, en lugar de requerir a la parte obligada el cumplimiento del multicitado convenio, apercibiéndola con la imposición de una medida de apremio, debe iniciar el procedimiento de ejecución forzada, para darle oportunidad de manifestar las razones por las que no cumplió voluntariamente; y de no hacerlo así, viola en perjuicio de aquélla las garantías de debido proceso legal y legalidad, contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.