VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA AUTORIDAD ADUANERA NO ESTÁ FACULTADA PARA EMITIR LA ORDEN RESPECTIVA CUANDO AQUÉLLAS SE ENCUENTRAN EN UN RECINTO FISCAL O FISCALIZADO.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Aduanera las mercancías que pretendan ser introducidas o extraídas del país serán depositadas en los recintos fiscales o fiscalizados en forma obligatoria, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. El almacenamiento o depósito de estas mercancías puede ser un servicio público que el Estado otorga directamente, aunque es frecuente que lo concesione, dando lugar con esto a la distinción entre depósitos fiscales y fiscalizados; en el primero el servicio lo presta directamente el Estado a través de la autoridad aduanera en un recinto fiscal, lugar en el que se realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización y despacho aduanero de las mercaderías; en el segundo, un particular, persona física o moral, obtiene la autorización del Servicio de Administración Tributaria para guardar mercancías previamente a su despacho en un recinto fiscalizado, bajo el control de la autoridad aduanera, prestando únicamente los servicios de manejo, almacenaje y custodia. Ahora bien, lo importante del depósito fiscal en la aduana no es el local de almacenamiento (fiscal o fiscalizado), sino la acción o efecto de depositar, ya que denota la intención de la autoridad aduanera de asegurar anticipadamente el control de las mercancías, sin tomar en cuenta si tal depósito es aceptado o solicitado por el interesado, hasta en tanto se realiza el despacho aduanero, que es el conjunto de trámites y procedimientos que se siguen ante las dependencias aduaneras, necesarios para poner las mercancías importadas a la libre disposición del interesado, o bien, para exportarlas. Por tanto, las autoridades aduaneras no están facultadas para verificar la legal importación, tenencia o estancia de mercancías de comercio exterior cuando éstas se encuentran depositadas dentro de un recinto fiscal o fiscalizado, toda vez que están bajo su control, hasta que se determine el estatus aduanero de las mercaderías y, por ende, es al momento en que se efectúe el despacho cuando están en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación, en virtud de que ese depósito previo implica la indisponibilidad de las mercancías hasta en tanto el interesado realiza la declaración aduanera en la que indique el régimen aduanero al que va a someterlas, sin que sea obstáculo el hecho de que el artículo 144, fracción IX, de la Ley Aduanera disponga que la autoridad tendrá la facultad de inspeccionar y vigilar el manejo, transporte y tenencia de las mercancías dentro de un recinto fiscal o fiscalizado, ya que esta facultad se relaciona con el depósito en aduanas y en específico con la obligación de la autoridad prevista en el artículo 25 de la misma ley de realizar actos tendentes a su debido almacenamiento, toda vez que esta facultad se refiere a la inspección y vigilancia de los servicios que se prestan en los recintos fiscales o fiscalizados derivados de su obligación de custodiar las mercancías en él depositadas, lo cual no puede equipararse con la facultad de comprobación que tienen las autoridades para solicitar que se acredite la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera porque, como ya se dijo, sólo la podrán ejercer una vez que éstas sean despachadas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.