Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/175331
XVII.1o.P.A.33 ATesis Aislada9a. ÉpocaT.C.C.Administrativa
- Registro digital (IUS)
- 175331
- Clave de tesis
- XVII.1o.P.A.33 A
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 9a. Época
- Instancia
- T.C.C.
- Materia
- Administrativa
- Fuente
- [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Pág. 999
FACULTADES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES. PARA DECRETAR LA NULIDAD, LA CADUCIDAD O LA RESCISIÓN DE CONTRATOS, PERMISOS, LICENCIAS O CONCESIONES, DEBEN CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LA PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LEYES QUE DE ELLA EMANEN, QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 14 Y 128 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Pág. 999
Dentro de las atribuciones de los presidentes municipales, en términos del artículo
29, fracción XXVII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua
, se encuentra la de declarar administrativamente, la nulidad, la caducidad o la rescisión de contratos, permisos, licencias y concesiones administrativos, pero esta norma no dispone literalmente que previamente deba respetarse al gobernado su garantía de audiencia; sin embargo, no debe interpretarse en esos términos pues ello causaría desconcierto e incertidumbre jurídica en el sujeto contra quien se decreta la nulidad de alguna de las autorizaciones mencionadas. Por ello, partiendo del principio de la "interpretación conforme" a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del de supremacía constitucional, contemplado en el artículo
133 de la Carta Magna
, así como de la obligación al adquirir el carácter de funcionario público, de guardar la Constitución y las leyes emanadas de ella, previsto en el artículo
128 del Máximo Ordenamiento
, la autoridad administrativa debe acatar el artículo
14 constitucional
y respetar al gobernado el derecho a ser escuchado, previamente al acto de privación, ya que actuar de manera contraria, implicaría transgredir la Constitución, y además de los principios mencionados, también el de respeto, buena fe e interés general, como elemento rector de todo acto de autoridad administrativa, relacionado con los gobernados, cuyo cumplimiento encuentra su fundamento principal al rendir la protesta para asumir el cargo, consistente en acatar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que no encuentra punto de excepción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo en revisión 437/2005. Óscar Salcido Armendáriz. 20 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas.
Tesis relacionadas
- REGIDORES MUNICIPALES. AL NO SER TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CARECEN DE ACCIÓN PARA RECLAMAR PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL, POR LO QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INCURRE EN ILEGALIDAD SI SE PRONUNCIA RESPECTO A LA ACCIÓN INTENTADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
- APOSTILLA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO. AUN CUANDO EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN CONTEMPLE DICHA EXIGENCIA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEBE ESTARSE A LO QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN SUSCRITA EN LA CIUDAD DE LA HAYA, HOLANDA, Y PROMULGADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE AGOSTO DE 1995.
- REGIDORES MUNICIPALES. AL NO SER TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CARECEN DE ACCIÓN PARA RECLAMAR PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL, POR LO QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INCURRE EN ILEGALIDAD SI SE PRONUNCIA RESPECTO A LA ACCIÓN INTENTADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
- LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LOS CASOS GRAVES POR LOS CUALES SE PUEDE REVOCAR SON LOS EXPRESADOS EN LA LEY ORDINARIA. TRATÁNDOSE DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CUANDO EL INCULPADO LA GARANTIZA POR SÍ MISMO, SON LOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 412 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE ORDENAN SU APLICACIÓN EN DETERMINADA ZONA NO SON LEYES Y, POR TANTO, LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN CONOCERSE POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO (DECRETO 308 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
- TRIBUNALES AGRARIOS. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN SUJETO COLECTIVO AGRARIO CONTRA LA EJECUCIÓN POR PARTE DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DE UN ACTA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, SI ÉSTA LO HIZO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS.
- LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.
- INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NO OBSTANTE QUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS AÚN NO SE EMITE LA LEY SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA CUAL SE DÉ EFICAZ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE PREVÉ LA ACCIÓN RELATIVA, ES VÁLIDO EJERCERLA CONTRA UN ENTE PÚBLICO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA LO CUAL PUEDE APLICARSE, EN LO CONDUCENTE, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.