APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN LA QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYOS LOS RAZONAMIENTOS DEL A QUO SIN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LOS ARTÍCULOS 313, 314, 318 Y 319 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Cuando el tribunal de apelación responsable confirma o modifica la sentencia de condena apelada al hacer suyos los razonamientos del Juez de primer grado, pero sin analizar las pruebas en que fundó sus presupuestos básicos; es decir, la forma como se tuvo por integrado el delito imputado y por justificada la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión e invoca el criterio sustentado por la anterior integración de este Tribunal Colegiado en la tesis jurisprudencial: " APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS RAZONAMIENTOS DEL A QUO ."; publicada en la página 92, del Tomo III, enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecía que el Código de Procedimientos Penales vigente en esa época en el Estado de Veracruz no contiene disposición alguna que le impidiera hacer suyos los razonamientos del a quo, al que sustituye para resolver los agravios planteados; la sentencia de segunda instancia es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutela la Constitución Federal en favor de los gobernados, pues el Código de Procedimientos Penales para el Estado vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro establece que para que el tribunal de alzada esté en posibilidad legal de dictar la resolución que confirme, revoque o modifique la sentencia apelada debe cumplir lo dispuesto por los artículos 313, 314, 318 y 319 que sí contienen disposiciones que le impiden limitarse a hacer suyos o a acoger los razonamientos expresados por el Juez de primer grado y le obligan a: examinar los motivos y fundamentos de la resolución apelada; precisar el porqué le llevaron a la convicción de que esos motivos se adecuaron a la ley aplicable; analizar si la apreciación de los hechos que realizó el a quo se ajusta a esos motivos y fundamentos; verificar si se observaron las normas reguladoras de la admisión y valoración de las pruebas y del legal desarrollo del procedimiento. Y, para cumplir esas obligaciones es inconcuso que debe plasmar en la sentencia que emita el resultado objetivo de esa revisión integral de la sentencia apelada; es decir, debe precisar cuáles fueron los medios probatorios existentes en la causa penal que tuvo en cuenta el a quo para tener por integrado el o los delitos imputados; cuáles consideró aptos para tener por acreditada la plena responsabilidad penal del acusado y para establecer en qué consistió la conducta que desplegó que configuró el ilícito imputado; lo que debe hacer en función del examen y justipreciación directa que haga de las pruebas de cargo y descargo existentes en autos. De modo que, al no cumplirse tales obligaciones en la sentencia de segunda instancia reclamada, esa omisión se traduce en violación de los preceptos legales citados, ya que tampoco cumplió con el objeto de examinar si en la resolución recurrida se aplicó la ley correspondiente o si se aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores de valoración de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos para estar en posibilidad de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, previa suplencia de la deficiencia de los agravios, siempre y cuando se advierta que el defensor del acusado no los hiciera valer debidamente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.