TRADUCTORES O PERITOS TRATÁNDOSE DE PRESUNTA DISCAPACIDAD, DESIGNACIÓN DE. LA AUTORIDAD JUDICIAL NO ESTÁ OBLIGADA A SEÑALAR OFICIOSAMENTE SU ASISTENCIA, CUANDO DICHO ESTADO NO ES PERCEPTIBLE NI SE ARGUMENTA EN LAS DILIGENCIAS DE LEGAL INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS INTERESADOS.

Si de las actas respectivas no se evidencia incapacidad de comprensión del acto o diligencia por el inculpado, ni se advierte que la persona que lo asistió en la ministerial o el defensor designado en la preparatoria, hubiere sostenido algo al respecto y por ello solicitado un intérprete o traductor, debe inferirse que la autoridad actuante no ha tenido conocimiento de esa incapacidad y, por ende, no puede aducirse que ésta hubiera incumplido con la obligación oficiosa de señalar tal circunstancia y designar un traductor; por tanto, la obligación de justificar tal estado de excepción y en contra del contenido de las propias diligencias realizadas por la autoridad dotada de fe pública, es de quien lo invoca, ello en atención al principio de que lo ordinario se presume y lo excepcional se demuestra. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.