ALIMENTOS. LA EXTINCIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SENTENCIA RELATIVA PUEDE ALEGARSE COMO EXCEPCIÓN.

El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prescribe que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Ahora bien, aun si se acepta que la eficacia de una sentencia o convenio judicial sobre alimentos no pueda ser desconocida por sí y ante sí por las mismas partes, sin la intervención de la autoridad judicial que sancione la cesación o modificación de las obligaciones respectivas, y admitiendo, por ello, que el deudor debe acudir ante esa autoridad a invocar el cambio de circunstancias generador de la extinción o modificación de sus obligaciones, nada se opone a que tal derecho del interesado, ciertamente capaz de ser deducido a través de una acción, se haga valer como contra derecho del cual emerge una excepción que no tiene otro objeto que el de neutralizar la acción de cumplimiento que en su contra se haya ejercitado. La acción, entendida como actividad dirigida a pedir justicia reclamando algo del demandado, no es solamente propia del actor, porque también el demandado, aun cuando se limite a pedir el rechazo de la demanda, viene en esencia a solicitar del Juez que pronuncie una declaración negativa de mera certeza. Desde este punto de vista, la excepción es un fenómeno homólogo de la acción y, en consecuencia, una simple expresión particular del derecho subjetivo, es decir, el derecho de contradicción no constituye un derecho sustancialmente diverso del derecho de acción, sino sólo un diverso aspecto de este mismo derecho, que resulta de la distinta posición que en el proceso asumen los sujetos activos de la relación procesal. En este sentido, no hay razón para estimar que un hecho que puede dar lugar a la acción para extinguir o modificar un estado jurídico no pueda, al mismo tiempo, producir una excepción. La diferencia estriba en que, tratándose de la excepción, el que la opone tiende nada más a enervar la acción y, por consiguiente, a obtener una sentencia desestimatoria, mientras que al ejercitar la acción lleva más allá la impugnación, persiguiendo una declaración de mayor extensión o una determinada prestación o condena, pero en ambos casos no se busca otra cosa que el reconocimiento de la extinción o modificación de aquel estado jurídico, variando únicamente el alcance de la pretensión y, por ende, los términos de la sentencia que el Juez llegue a pronunciar. Por tanto, es incorrecto y constituye una denegación de justicia contraria, además, al postulado de la economía procesal, sostener que el deudor debe promover por separado un juicio o incidente y obtener fallo favorable a efecto de que se le considere liberado o se modifique la obligación de alimentos que le había impuesto una sentencia o convenio judicial, porque si en contra de la reclamación de pago enderezada en su contra en el procedimiento respectivo, expresa el deudor que cambiaron las circunstancias en virtud de que los acreedores alimentistas se incorporaron a su domicilio tiempo después de la sentencia o convenio, y que de esta forma ha venido cumpliendo la obligación y, por ello, no está obligado a pagar aparte una suma por el mismo concepto, es incuestionable que es precisamente en este procedimiento en donde debe resolverse la cuestión, estableciendo si por la variación de circunstancias alegada por el deudor como excepción, procede o no desestimar la demanda de cumplimiento intentada en su contra. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.