VI.1o.A.156 A Tesis Aislada9a. ÉpocaT.C.C.Administrativa
FIANZAS. EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR DEL CONSEJO PRO CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, NO ACTUALIZA LA COMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Octubre de 2004; Pág. 2345
El artículo
11, fracción IX
, de la ley orgánica de dicho tribunal, establece su competencia tratándose de resoluciones definitivas en las que se "requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados". Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla se divide en cinco títulos, de los cuales el II es: "De la administración pública centralizada", el III "De la administración pública paraestatal", que comprende a los organismos descentralizados, y el IV "De la participación ciudadana", que es el que le da sustento al acuerdo del gobernador del Estado mediante el cual creó el Consejo Pro Construcción de la Vivienda de la Sierra Norte de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 3 de noviembre de 1999, en el cual se precisa su naturaleza como "un órgano de apoyo, consulta y promoción al Gobierno del Estado, en las tareas de reconstrucción ... de viviendas en las zonas siniestradas, con motivo de la depresión tropical del pasado 5 de octubre", y está integrado por miembros de los sectores público, privado y social, a fin de "propiciar la colaboración y participación de los diversos organismos del sector privado, en las tareas de reconstrucción", asignando, previa licitación, las obras de reconstrucción a las empresas interesadas; en su parte considerativa se destacó que se "requiere ahora más que nunca, de la participación total y responsable de la sociedad y en especial de aquellos sectores cuya actividad y dinamismo los ha convertido en factores de desarrollo". Lo anterior evidencia que el Consejo Pro Construcción aludido no es una unidad administrativa del Gobierno del Estado de Puebla, que forme parte de la administración pública centralizada, ni tampoco un organismo descentralizado creado por acuerdo del Congreso Local, sino que es un órgano de participación ciudadana, en términos de los artículos
63 a 69
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, que conforman su título IV "De la participación ciudadana", de modo tal que si aquél es un órgano de apoyo, consulta y promoción "al" y no "del" Gobierno del Estado, es inconcuso que la fianza otorgada en favor de dicho consejo no puede entenderse conferida en favor del propio Gobierno Estatal, motivo por el cual el requerimiento de pago de una fianza de ese tipo no actualiza la competencia de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por no surtirse la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 11, fracción IX, de la ley orgánica de dicho tribunal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo directo 93/2004. Fianzas México Bital, S.A, Grupo Financiero Bital. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María de Lourdes de la Cruz Mendoza.
Tesis relacionadas
- IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EL MAGISTRADO PONENTE DEL PLENO REGIONAL QUE INTEGRÓ UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL, CONOZCA DE ÉSTE.
- LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ESTABLECE ENTRE EL ACREDITADO Y EL PATRÓN CUANDO EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEMANDA EL PAGO DEL CRÉDITO OTORGADO.
- RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE.
- FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO NO RESULTA NECESARIO QUE SE ACOMPAÑE EL FINIQUITO, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
- EXTRANJEROS. LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES INSTITUIDA EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN EN EL SENTIDO DE REQUERIRLOS PARA QUE ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, NO ES EXIGIBLE A LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
- FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LA FALTA DE AVISO AL GOBERNADOR DE LA SESIÓN EN QUE SE DISCUTIERON SUS OBSERVACIONES AL DECRETO 8592, MEDIANTE EL QUE SE CREÓ AQUÉLLA, NO TRASCIENDE DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA, CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA FINALIDAD DE DARLE PARTICIPACIÓN.
- DEMANDA DE NULIDAD, NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE PRESENTA DENTRO DEL PLAZO QUE PREVÉ LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONFORME AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRECISADO ERRÓNEAMENTE POR LA AUTORIDAD.
- FIANZAS PENALES OTORGADAS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. EL REQUERIMIENTO DE PAGO PARA HACER EFECTIVA LA PÓLIZA RELATIVA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.