DEFENSOR. SU INTERVENCIÓN EN LA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN PREPARATORIA DEBE SER DESDE EL MOMENTO MISMO EN QUE EL INCULPADO COMIENZA A DECLARAR Y NO CON POSTERIORIDAD.

El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en todo proceso de orden penal tendrá el inculpado las siguientes garantías: "IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera."; en tanto que el primer párrafo del artículo 183 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí estatuye: "La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico o indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma español, y sus demás circunstancias personales; siendo obligación del Juez, hacerle saber que puede expresarse en su lengua o dialecto con asistencia de intérprete designado por él, o en su caso por el Juez. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor de oficio.". De dichos preceptos se advierte que el respeto a ese cúmulo de garantías mínimas tendientes a lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales del inculpado, entre las que se encuentra la de contar con una adecuada defensa por abogado, no queda constreñida a la mera designación o nombramiento del defensor, sino a la comunicación que el gobernado puede tener con él, aun de manera privada, con anterioridad al momento en que vaya a producir su versión respecto de los hechos cuya comisión se le atribuye, esto es, al principio de su intervención en la declaración preparatoria, precisamente por la relevancia y trascendencia que esa actuación implica dentro del proceso; de ahí que si es en esa diligencia cuando el inculpado nombra su defensor, desde ese momento debe otorgársele la oportunidad de ser asesorado por él, pues de lo contrario es ilegal si una vez realizada la designación de defensor, inmediatamente después se pide la declaración al inculpado y hasta después se da la intervención al defensor en esa diligencia, pues es claro que aquél no contó con una oportuna defensa, ya que para entonces habrá rendido su declaración. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.