SUSPENSIÓN. DEBE CONCEDERSE CON GARANTÍA EN FAVOR DEL ESTADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES EL COBRO DE MULTAS.

El artículo 125, primer párrafo, de la Ley de Amparo establece que en los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, cuando el acto reclamado es el cobro de multas, el tercero a que se refiere dicha disposición no puede ser más que el Estado, que es el único que se encuentra interesado en su cobro y, por ende, el único que podría resentir daños o perjuicios en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Pretender que el precepto se refiere al tercero perjudicado sería darle un alcance que no tiene, pues expresamente dice "tercero" y no "tercero perjudicado"; por consiguiente, en tales casos se debe conceder la suspensión con garantía, cuyo beneficiario no sería otro que el Estado, desde luego, a través de sus órganos de gobierno encargados del cobro de las multas. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.