SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO ES SUSTANCIALMENTE IGUAL A LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO EL PROCESADO ES ABSUELTO DE UN DELITO GRAVE EN PRIMERA INSTANCIA, POR NO EXISTIR IDENTIDAD NORMATIVA ESENCIAL.

Conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que determine la ley; y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la propia Carta Magna, específicamente en su numeral 171, previene de manera expresa que: "Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de esta ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada.". De ello se sigue que, si el procesado reclama en amparo directo la sentencia de segunda instancia que revocó la de primera que lo había absuelto de un ilícito considerado como grave, el efecto de la suspensión, ciertamente, se traduce en que se mantengan las cosas en su estado, de manera que resultaría dable que el sentenciado continuara en libertad, si esa era la situación jurídica que tenía al momento de dictarse el fallo de apelación reclamado. Sin embargo, con respecto a la suspensión referente a una determinación judicial de segunda instancia, reclamada en amparo indirecto, por la que se revoca el auto que niega la expedición de un mandamiento de captura por delito grave, tal situación no entraña afinidad sustancial alguna por no existir identidad normativa esencial, toda vez que, por principio, la regulación legal concerniente a la suspensión en el amparo directo sólo rige tratándose de una sentencia definitiva emanada al concluir el juicio respectivo, y no así cuando se trata de la suspensión de una decisión judicial que no tiene tal carácter, máxime que en la hipótesis en análisis tampoco existe analogía alguna entre las premisas que sustentan la suspensión otorgable en el amparo directo, con las que concurren en el amparo biinstancial, ya que mientras las relativas a la sentencia definitiva se refieren al dictado de una resolución en la que el procesado había obtenido una determinación absolutoria (aun cuando fuera de primer grado), las referentes a la decisión de alzada que revoca la negativa de la orden de captura no autorizan a afirmar que, en virtud de la negación inicial acordada por el a quo, el acusado obtuvo una determinación que le concede y garantiza la situación jurídica de libre; asimismo, tratándose de una orden de aprehensión relativa a la comisión de un delito grave, así considerado por la ley, normativamente debe estarse a lo preceptuado en el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo , que establece la prevención expresa de que si la orden de aprehensión se refiere a un ilícito que conforme a la ley no permita la libertad caucional, es decir, cuando se trata de delito grave, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso, únicamente en lo referente a su libertad personal, quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar de aseguramiento que éste señale, y permanezca a disposición de la autoridad judicial que deba conocer del asunto para los efectos de la continuación del procedimiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.