AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO SE RECLAMA DIRECTAMENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PAGO O REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/2001, que lleva por rubro: " SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN .", estableció que la acción de pago que se ejercite en contra del referido instituto por concepto de gastos médicos erogados al no proporcionar aquél asistencia médica u hospitalaria o, en su caso, por estimarse que la brindada resulta deficiente, es de naturaleza civil y no laboral, correspondiendo su conocimiento a un Juez Civil del fuero común. Por otra parte, conforme al artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia ley. En tal orden de ideas, si bien es cierto que conforme a la primera parte de la precisada fracción del artículo 73 de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por tratarse de un organismo público descentralizado, cuyos actos u omisiones, como los que se precisan en la tesis jurisprudencial de referencia, consistentes en no proporcionar atención médica u hospitalaria o en brindarla de manera deficiente, pueden reclamarse por la vía civil y, por ende, ser modificados, revocados o nulificados, no menos verdad es que la segunda parte del dispositivo legal citado contempla una excepción al principio de definitividad inmerso en su parte inicial, toda vez que condiciona la improcedencia del juicio de amparo a la circunstancia de que, conforme a las leyes que rijan los actos impugnables, se suspendan sus efectos sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva; ello independientemente de que los actos considerados en sí mismos, sean o no susceptibles de ser suspendidos de acuerdo con la propia ley. Luego entonces, si la ley civil, que en el caso es la que resultaría aplicable por ser la que rige los actos impugnables del Instituto Mexicano del Seguro Social ya señalados y a la que remite la tesis jurisprudencial de referencia, no prevé la suspensión de los efectos de tales actos, independientemente de que éstos, considerados en sí mismos, sean o no susceptibles de suspenderse de acuerdo con la Ley de Amparo, es dable concluir que no puede cobrar vigencia la primera parte del citado dispositivo legal y, por ende, el juicio de amparo indirecto que se intente para reclamar tales actos resulta procedente, sin que sea dable sobreseer en el mismo con apoyo en la aludida fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo , por no haber intentado, el particular afectado, el juicio civil, más aún tomando en consideración que la tesis jurisprudencial citada deriva de dos juicios de amparo directo que se promovieron en contra de los laudos dictados en los respectivos juicios laborales, al haber optado los afectados por esa vía, situación diversa a la que se presenta cuando un asegurado, beneficiario o pensionado reclama directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el pago o reembolso de gastos médicos erogados por no haberle proporcionado aquél asistencia médica u hospitalaria o por estimar que la recibida resultó deficiente, interponiendo la queja administrativa correspondiente e incluso agotando el recurso de inconformidad, cuya resolución constituye precisamente el acto reclamado en el juicio de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.