JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE ACTOS DERIVADOS DE CONFLICTOS SUSCITADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS MIEMBROS, EN SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del juicio contencioso administrativo en términos de lo previsto en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano constitucional autónomo y sus miembros, en su relación administrativa. Mientras que unos estimaron que el juicio era improcedente dada la incompetencia del referido tribunal para conocer de conflictos entre un órgano constitucional autónomo y sus miembros; los demás señalaron lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el juicio contencioso administrativo federal contra actos derivados de controversias suscitadas entre la Fiscalía General de la República y sus miembros. Justificación: Conforme a la interpretación del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y su competencia constitucional se limita a: 1) resolver controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares; 2) imponer sanciones por responsabilidades administrativas graves; y 3) determinar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Por tanto, la Fiscalía General de la República, en su carácter de órgano constitucional autónomo, aunque forma parte del Estado, como integrante del poder público, no depende jerárquicamente de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y por ende, sus actos no pueden estar sujetos a la revisión del referido tribunal, que únicamente tiene competencia constitucional para conocer respecto de los conflictos suscitados entre la administración pública federal y los particulares, de manera que los conflictos suscitados entre la Fiscalía General de la República y sus servidores públicos, derivados de su relación administrativa, no pertenecen a ese supuesto de competencia, de ahí que no pueden ser revisados por el tribunal federal de que se trata. PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.