COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ARTÍCULOS 112 Y 113, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar la competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los artículos referidos. Mientras que uno consideró que se surte en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Laboral, porque la reducción del fondo único general que prevén afecta el salario, el aguinaldo y la prima vacacional de la quejosa; el otro estimó que debe conocer uno especializado en Materia Administrativa, pues los actos reclamados tienen su origen en una legislación fiscal relacionada con el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad a diversos servidores públicos. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de los amparos indirectos contra los artículos 112 y 113, fracción I, incisos a) y b), del Código Fiscal del Estado de Jalisco, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia del órgano de amparo debe fincarse atendiendo al bien jurídico tutelado por la norma que se reclama. En el caso de los mencionados artículos 112 y 113, fracción I, incisos a) y b), este último reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 24 de febrero de 2024, se advierte que no aluden a alguna prestación de naturaleza laboral, sino administrativa. Ello porque inciden en el ejercicio de la función pública, en cuanto regulan y determinan el destino que el Estado debe dar a ingresos que por concepto de multas por infracción a leyes fiscales obtiene, y la forma en que deberá distribuirlos entre determinados servidores públicos. Se trata de una legislación relacionada con el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad del personal que ejerza facultades fiscalizadoras en aras de la determinación y ejecución de créditos fiscales, esto es, no como regulación del sueldo, sino como un incentivo inmerso dentro del campo administrativo. Los estímulos y recompensas derivan de ingresos de orden público, los cuales tienen su fuente y origen en normas que no regulan el salario, por lo que su obtención y pago no es una prestación de carácter laboral regulada por normas de carácter constitucional o legal a favor de las personas servidoras públicas que llevan a cabo las facultades mencionadas. PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO