Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/186139
P. XLII/2002 Tesis Aislada9a. ÉpocaS.C.J.N.Administrativa
- Registro digital (IUS)
- 186139
- Clave de tesis
- P. XLII/2002
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 9a. Época
- Instancia
- S.C.J.N.
- Materia
- Administrativa
- Fuente
- [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pág. 15
REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE CONTRA LA NO ADMISIÓN AL CURSO DE ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN JUZGADOS DE DISTRITO, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ASPIRANTE DEBA SATISFACER ESE REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO.
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pág. 15
El recurso de revisión administrativa es procedente contra la decisión del Instituto de la Judicatura Federal de rechazar a un funcionario judicial que cumple con los requisitos que la ley establece para aspirar a la designación del cargo de Juez de Distrito, cuando éste haya resultado eliminado del concurso para ingresar a la Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, impartido por dicho instituto y cuya admisión o aprobación es requisito necesario para participar en los concursos de oposición para la designación en aquel cargo. Lo anterior es así, toda vez que, en primer lugar, el instituto en mención es un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que las decisiones que tome, en relación con la selección encaminada al nombramiento de un Juez de Distrito, deben atribuirse como propias del citado consejo; en segundo lugar, la participación en los concursos de oposición para el nombramiento de Jueces de Distrito, depende de la admisión o aprobación del concurso de ingreso a la especialidad mencionada, por lo que no existe razón jurídica para excluir esta etapa tan importante del escrutinio del citado recurso, para determinar que se ha cumplido la normatividad aplicable, en acatamiento al principio de legalidad que rige el procedimiento de nombramiento de un juzgador federal, del cual depende la calidad en la administración de justicia y el prestigio del Poder Judicial de la Federación; y, en tercer lugar, porque los funcionarios judiciales eliminados en las primeras etapas del proceso de designación no tendrían posibilidad de defensa, pues al no arribar a la etapa final, carecerían de la legitimación necesaria para impugnar el acto de designación de los Jueces Federales. Por otra parte, la interpretación anterior deriva también de la naturaleza de todos los principios de la carrera judicial consignados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a los cuales, debe aspirarse a lograr transparencia plena en los procesos de selección de Jueces y Magistrados, lo que implica necesariamente la posibilidad de cuestionar los resultados a los que se arribe y de contar con todos los elementos que hagan posible demostrar fehacientemente que los mismos fueron correctos, lo que exige, entre otros mecanismos, la filmación de los exámenes orales y la conservación de los exámenes escritos y de las reglas que se siguieron en su evaluación.
Precedentes
Revisión administrativa 17/2001. 12 de agosto de 2002. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Abel Aguilar Sánchez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de agosto en curso, aprobó, con el número XLII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil dos.
Tesis relacionadas
- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA DE PROVEER RESPECTO A LA PETICIÓN DE CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA, DA LUGAR A TENER POR CUMPLIDO EL REQUISITO PARA OBTENERLA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
- NEGATIVA FICTA IMPUGNADA MEDIANTE JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN CASO DE QUE LA PARTE ACTORA NO AMPLÍE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CONTRA LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LA CONTESTACIÓN PARA APOYARLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO DEBE PRONUNCIARSE EN LA SENTENCIA SOBRE LOS ALEGATOS EN LOS QUE SE COMBATAN ESAS CONSIDERACIONES.
- IMPEDIMENTO DE LOS JUZGADORES FEDERALES POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA PRESUNCIÓN DE ANIMADVERSIÓN ATRIBUIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES A UNA IMPARTIDORA O IMPARTIDOR DE JUSTICIA, DERIVADA DE LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN SU CONTRA, ES INSUFICIENTE PARA CALIFICARLO DE LEGAL.
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO EMITIDOS POR AUTORIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA INTEGRAN.
- RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO ES EMITIDA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL.
- REVISIÓN ADMINISTRATIVA. RESULTA IMPROCEDENTE SI EL ASPIRANTE RECHAZADO PARA INGRESAR AL CURSO DE ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN JUZGADOS DE DISTRITO, OMITE SOLICITAR PREVIAMENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS DE SU EVALUACIÓN.
- RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE.
- DEMANDA DE NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA SU DESECHAMIENTO, NO SON APLICABLES, POR ANALOGÍA, LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LAS TESIS Y JURISPRUDENCIAS QUE INTERPRETAN LA LEY DE AMPARO.