ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO EN MATERIA LABORAL. LA SUSPENSIÓN DEBE CONCEDERSE SIN EXIGENCIA DE REQUISITO ALGUNO PARA SU EFECTIVIDAD.

Si en un procedimiento laboral la Junta aplica las medidas de apremio e impone un arresto a quien se ostenta como tercero extraño sin ser parte en el juicio, por su desobediencia a una determinación judicial, sus consecuencias en manera alguna pueden causar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio de los terceros perjudicados, toda vez que la relación derivada de un arresto sólo se finca entre autoridad y gobernado, y con el ejercicio de tal medida, aquélla pretende vencer la resistencia injustificada del rebelde contumaz a la obediencia, ya sea en sentido positivo o negativo, de una determinación judicial, lo que no trasciende a la esfera jurídica de terceros, puesto que la desobediencia al mandato judicial no afecta directamente los derechos que se deducen en el juicio natural. En ese contexto, no es posible considerar que para que surta efectos la suspensión definitiva otorgada en contra de la orden de arresto reclamada, se deba fijar garantía so pretexto de reparar el daño o indemnizar los posibles perjuicios que con la medida cautelar se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, en términos de lo dispuesto por los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo , porque las consecuencias que se generan con dicha suspensión tampoco inciden en la esfera jurídica de terceros, pues no debe perderse de vista que, en la especie, no rige el principio de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, toda vez que, tratándose de la afectación a la libertad por un arresto como medida de apremio, ésta tiene su origen en una conducta de naturaleza diferente al supuesto en el cual se afecta ese valor supremo por un mandato de autoridad judicial del orden penal, como es el caso de las órdenes de aprehensión, detención o retención, porque en tales hipótesis, el mandamiento judicial está dirigido a sujetos distintos, al tener su fuente en la realización de una conducta que la ley penal reputa como ilícita, estimando responsable al indiciado, e implica la instrucción de un procedimiento para determinar la existencia y el grado de responsabilidad; ello permite resaltar que, en ambos casos, se persiguen fines esencialmente diversos, esto es, la actitud de resistencia del particular a cumplir con una determinación judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional es sancionada con un arresto máximo de treinta y seis horas, atento lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 21 constitucional ; en cambio, en la orden de aprehensión, detención o retención, además de estar sustentada en una conducta tipificada y sancionada por la ley punitiva con penas privativas de libertad, existe un ofendido, o una persona con derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito; de ahí que en razón de la brevedad de la medida de apremio, se impone la ineludible necesidad de otorgar la suspensión de la ejecución de la orden de arresto en forma inmediata, sin condicionar su efectividad a que el quejoso tenga que otorgar garantía o cumplir con algún otro requisito, pues ello contraviene los fines de la suspensión. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.