MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE SU DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN.

De lo dispuesto en los artículos 57, fracciones XXXIII y XXXVIII, 80, fracción XIII, 96, 124 y 134 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 9o., 13 y 14, fracciones II y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, deriva que en el procedimiento global de integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí o, en su caso, de sustitución de algún Magistrado integrante del mismo, intervienen los tres Poderes Locales, a saber: los Poderes Ejecutivo y Legislativo en las tres etapas que integran el procedimiento de designación propiamente dicho, y que son la expedición del nombramiento por el gobernador del Estado, su aprobación por el Congreso Local y la toma de protesta a los Magistrados por el propio Congreso y, una vez concluido este procedimiento, el Poder Judicial, a través del Pleno del citado tribunal, mediante la adscripción y entrega de la posesión del cargo. Ahora bien, este procedimiento complejo de designación de nuevos Magistrados y el desplazamiento consecuente de quienes se encontraban en funciones, compuesto de los diversos actos en que participan autoridades de los tres poderes integrantes del Gobierno del Estado, no se ubica dentro del concepto de procedimiento seguido en forma de juicio a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo , y el amparo procede respecto de todo el procedimiento y puede promoverse con motivo del primer acto, relativo al nombramiento de Magistrados, señalándose como reclamado todo el procedimiento que tendrá el carácter de inminente; contra el acto final por el que se produce la remoción, señalándose al procedimiento como sustento de la afectación final completa; y en contra de los demás actos que se vayan produciendo y que por sí solos producirán la afectación parcial correspondiente, si resulta desfavorable al Magistrado, al no ser tomado en consideración para continuar en su función. Además, la afectación total en el acto complejo de designación de un Magistrado del mencionado tribunal se presenta cuando como consecuencia de todos los actos del procedimiento de designación un Magistrado es removido del cargo, pues tal situación no deriva de ninguno de los actos parciales que se van realizando sino que es consecuencia de todos ellos y de la coincidencia en su sentido, a saber, que el Magistrado en funciones sea removido del cargo. Por su parte, los actos del procedimiento producen afectaciones parciales en la siguiente forma: a) El acto de nombramiento genera un principio de afectación al Magistrado en funciones si no es incluido y no está ratificado pues es obvio que no podrá ser ratificado por el Congreso ni tampoco podrá rendir protesta y, mucho menos, conservar el cargo; b) La ratificación del Congreso. Si incluido en los nombramientos no se le ratifica, lógicamente tampoco se darán los pasos posteriores. Si no está incluido en los nombramientos y el Congreso ratifica a los incluidos, sí podrán producirse las consecuencias, entre ellas, su remoción; c) No tomarle la protesta el Congreso. Si nombrado y ratificado no se le toma la protesta no podrá asumir la función. Si no es nombrado ni ratificado y a los nombrados y ratificados se les toma la protesta, lo más probable será que deje de desempeñar la función; d) No continuar en el cargo. Si se nombra y ratifica a otros Magistrados y éstos protestan y se les da posesión por el Pleno del Supremo Tribunal, lógicamente resultará removido del cargo el que, encontrándose en funciones, no esté en aquella situación; y, e) El acto de entrega del cargo producirá la afectación parcial correspondiente y que en unión de todos los actos del procedimiento producirá la afectación total, aunque por sí solo es meramente consecuencia de los anteriores.