CADUCIDAD. EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LIBERA A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA OBLIGADA POR TIEMPO INDETERMINADO, Y EXTINGUE EL DERECHO DEL BENEFICIARIO.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su artículo cuarto transitorio dispone que los procedimientos derivados de reclamaciones contra una institución de fianzas, con motivo del otorgamiento de pólizas de fianza, que se hubieren iniciado antes de la vigencia del decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la ley reformada conforme a ese decreto. Luego, existe disposición expresa, relativa a la no aplicación de las reformas a procedimientos derivados de reclamaciones que hubieren iniciado con anterioridad a las reformas. En el caso de que el procedimiento de reclamación contra la institución de fianzas para el cumplimiento de sus obligaciones como fiadora sea posterior, la aplicación del contenido del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas , que libera a la compañía afianzadora de su obligación, a consecuencia del transcurso del tiempo, y a su vez extingue el derecho del beneficiario por el transcurso de un determinado lapso, afecta un derecho sustantivo, porque otorga consecuencias jurídicas a la inactividad en el ejercicio de ese derecho, que beneficia a la afianzadora. De ahí que conforme a ese precepto, la caducidad extingue la acción y libera de la obligación, lo que implica que afecta el derecho sustantivo y libera de la obligación a la afianzadora; por lo tanto aunque se denomina caducidad, la fijación del plazo de ciento ochenta días de inactividad del beneficiario de la póliza, produce como consecuencia jurídica liberar a la afianzadora de la obligación, y por ende, extingue el derecho sustantivo del beneficiario de la fianza, mediante el transcurso de cierto tiempo fijado en esa norma. En consecuencia, no es una norma estrictamente de carácter procesal, sino sustantivo, porque regula una determinada situación de hecho y le otorga consecuencias jurídicas que extinguen un derecho y liberan de la obligación correlativa. Luego este artículo establece la extinción de las obligaciones de la compañía afianzadora, ya que dispone que en los casos de afianzadoras obligadas por tiempo indeterminado, quedarán libres de su obligación por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelve exigible. De ahí que la caducidad libera de obligación, y como ésta es de naturaleza sustantiva no debe aplicarse en forma retroactiva a una situación de hecho con anterioridad a su vigencia, porque se afectan los derechos adquiridos por el beneficiario de una fianza expedida con anterioridad a la reforma legal, cuando el incumplimiento que la hizo exigible también es anterior a la vigencia de la norma que regula la caducidad del derecho del beneficiario y que libera de la obligación a la afianzadora. Ello, porque antes de la vigencia de la reforma legal estaba previsto expresamente que las acciones derivadas de la fianza prescribían en tres años, interrumpiéndose por el requerimiento escrito de pago, o en su caso, con la presentación de la demanda. Luego, quien era titular de un derecho derivado de una fianza expedida con anterioridad a la vigencia de la reforma de que se trata, gozaba de tres años para intentar su acción derivada de la fianza, y por ende, la aplicación de la reforma legal restringe ese derecho que ya estaba en su patrimonio porque el incumplimiento del fiado y la exigibilidad de la fianza ya se había producido antes de la vigencia de la nueva norma. No obsta a lo que se ha dejado establecido, que el artículo cuarto transitorio del citado decreto, establezca expresamente que los procedimientos derivados de reclamaciones contra una institución de fianzas, con motivo del otorgamiento de pólizas de fianza, que se hubieren iniciado antes de la vigencia del decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la ley reformada conforme a ese decreto, porque ello sólo podrá referirse a preceptos adjetivos o procesales; pero no debe darse la aplicación a ese precepto sustantivo que incide en la naturaleza misma de los derechos u obligaciones de las partes, porque al aplicarse, se hace retroactivamente en perjuicio del beneficiario de la póliza, con violación del artículo 14 constitucional . TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.