PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL OFERENTE DE LA, NO ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR HONORARIOS AL PERITO DESIGNADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.

De lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo deriva que en el ofrecimiento de la prueba pericial en el juicio de garantías debe el Juez constitucional designar al perito o peritos que juzgue convenientes, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juzgador o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue, que en relación con la prueba pericial, en el juicio de amparo no se acoge el sistema seguido por algunos ordenamientos procesales que exigen que esa prueba ha de ser colegiada para que quede debidamente integrada, pues en esta materia es irrelevante que las demás partes, incluso el oferente, designen perito dado que esa prueba puede quedar integrada exclusivamente con el dictamen del perito o peritos oficiales. Sin embargo, debe aclararse, en ningún caso el oferente de la prueba pericial puede ser obligado a cubrir honorarios al perito designado por el juzgador; en efecto, la práctica común informa que el Juez Federal cuando se anuncia la prueba pericial en el juicio de amparo, se auxilia de alguna dependencia oficial o de alguna institución educativa que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, para de entre ellos, designar al perito o peritos del juzgado, lo anterior no obstante que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción XXIX precisa que es obligación del Consejo de la Judicatura Federal "formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales"; en tal hipótesis, es inconcuso que el perito designado por el Juez de Distrito no habrá de devengar honorarios pues la institución de la que se auxilia el Juez de amparo le cubre un sueldo a dicho perito por la vinculación laboral existente. Ahora bien, en el evento de que el Juez Federal por cualquier razón hubiere designado a un perito que preste sus servicios como particular, tampoco existen razones jurídicas para atribuir obligación al oferente de la prueba de cubrirle honorarios a dicho perito; primero, porque ese perito particular estaba en su derecho de aceptar o no el cargo que se le confirió, atenta la garantía individual consignada en el artículo 5o. constitucional que informa que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin la justa retribución y sin su consentimiento; y segundo, porque al haber aceptado el cargo que el Juez del amparo le confirió, tan es así que emitió la opinión técnica o científica que se necesita, no habrían razones para estimar que ese perito voluntario convertido en auxiliar de la Justicia Federal deba devengar honorarios. Pretender que en esta última hipótesis el oferente de la prueba pericial en el juicio de amparo deba pagar honorarios al perito designado por el juzgado, pues se obligaría a cubrir emolumentos a quienes actúan como auxiliares de la Justicia de la Unión y no sólo eso, sino también se rompería con la finalidad esencial del juicio de garantías que no es otra sino salvaguardar los derechos constitucionalmente reconocidos al gobernado contra cualquier acto arbitrario de las autoridades; así, resulta evidente que al dejarse a cargo del Juzgado de Distrito la designación del perito o peritos que el Juez estime convenientes, tiene como propósito evitar que por razones económicas se deje de ofrecer o bien de recibir ese medio de convicción que puede ser el único o el más eficaz para que el quejoso acredite el derecho que se ha vulnerado o que se pretende vulnerar con el acto de autoridad reclamado. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.