CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. HIPÓTESIS QUE PUEDEN SUSCITARSE EN SU APLICACIÓN EX OFFICIO POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y FORMA EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PROCEDER EN CADA UNA DE ELLAS.

Atento a la reforma al artículo 1o. constitucional de diez de junio de dos mil once, y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 con relación a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos", puede colegirse que el control de convencionalidad ex officio obliga a todas las autoridades nacionales; sin embargo, tratándose de autoridades jurisdiccionales es preciso acotar diversas hipótesis que en el ejercicio de sus atribuciones se pueden suscitar: a) Que las partes en el juicio planteen argumentos por los que consideren que se debe declarar la inconvencionalidad de una norma interna (verbigracia como planteamiento en la demanda, o como excepción en su contestación); en este supuesto, la autoridad de instancia, ante quien se proponga el ejercicio de control de convencionalidad, está no sólo facultada, sino obligada indefectiblemente -de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal- a analizar y pronunciarse expresamente sobre el tópico planteado, b) Que la autoridad jurisdiccional se pronuncie oficiosamente durante el procedimiento o al dictar sentencia, sobre el control de convencionalidad de una norma de derecho interno; y c) Que no exista planteamiento por las partes y la responsable no se pronuncie al dictar resolución; en este caso, debe suponerse que implícitamente el Juez realizó el estudio de convencionalidad, por lo cual, no existe obligación de pronunciamiento expreso por él, pues la falta de éste hace presumir que el Juez de instancia consideró que las normas internas aplicadas al caso son acordes a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, así como a los criterios vinculantes y orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, ante tales supuestos, el proceder del Tribunal Colegiado de Circuito al instarse el juicio de amparo directo y proponer conceptos de violación que pretendan un control de convencionalidad, variarán y así, en el primer caso (inciso a) el Tribunal Colegiado, de advertir que las partes hicieron patente una presunta violación a un derecho humano contenido en un tratado internacional o en criterios orientadores o vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la responsable fue omisa en su pronunciamiento o, aun haciéndolo, alega infundadamente incompetencia de su parte para hacer un análisis de convencionalidad, o bien, esquiva el estudio con cualquier otra consideración que no implique un análisis de lo efectivamente planteado; conlleva a que el tribunal constitucional conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable se pronuncie sobre ello, porque de resultar fundado el argumento sometido a consideración del órgano jurisdiccional de instancia, el justiciable lograría la inaplicación de esa norma en el caso concreto, otorgándosele así, la posibilidad de obtener una solución a su reclamo ante la autoridad del orden común, que es uno de los propósitos de la reforma al artículo 1o. constitucional. En caso de que no le fuera favorable el pronunciamiento emitido por el correspondiente órgano del conocimiento, el demandante está en aptitud de promover juicio de amparo y plantear conceptos de violación tendentes a evidenciar tanto la inconvencionalidad de la norma como su inconstitucionalidad; de ahí que se otorgue a la parte inconforme una posibilidad más de obtener la inaplicación de la norma que estima viola sus derechos fundamentales. En lo tocante a la segunda hipótesis (inciso b), si la responsable realiza el estudio oficioso de control de convencionalidad en la sentencia definitiva, su pronunciamiento constituirá, en su caso, la causa de los conceptos de violación que, en vía de amparo directo, puedan realizar las partes en el juicio, respecto de los cuales debe evidentemente pronunciarse el Tribunal Colegiado de Circuito y analizar, por tanto, si la resolución del Juez de instancia, respecto del control ejercido fue correcta o no. Finalmente, el proceder del órgano colegiado federal, en el tercer supuesto (inciso c) y que sea hasta esa instancia de amparo en la cual se proponga el análisis de convencionalidad, implicará que dicho tribunal federal se pronuncie sobre lo fundado o no de las violaciones a los derechos fundamentales presumiblemente violados, sin posibilidad, en este caso, de que se conceda el amparo para que la autoridad responsable emprenda un estudio primigenio, pues no debe perderse de vista que esa consideración se hace patente por alguna de las partes en el juicio hasta la promoción del amparo y, en ese orden de ideas, no puede atribuirse una falta u omisión en el estudio por parte del Juez natural porque -como se dijo- ante la imprevisión de planteamiento por las partes, debe suponerse que implícitamente el Juez realizó el estudio de convencionalidad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.