COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1185, localizable con número de registro IUS 395140, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 806, de rubro: " SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO .", ha establecido que para la procedencia de la concesión de la suspensión definitiva en los juicios de amparo, el interés suspensional se debe acreditar cuando menos de manera presuntiva. Ahora, el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Al respecto la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 193, con registro IUS 394149, del mismo Apéndice, tomo y materia, página 132, de rubro: " COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS .", indicó que si bien las copias simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto es que éstas generan la presunción de existencia de los documentos que reproducen. En ese orden, de exhibirse en un juicio de amparo copias fotostáticas simples de las que se pueda presumir la existencia del derecho subjetivo que se pretende tutelar, debe concluirse que dichas constancias son suficientes para tener por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa y por ende para conceder la suspensión definitiva solicitada. Máxime si las copias fotostáticas simples exhibidas son de actuaciones judiciales cuya falsedad podría advertirse de forma sencilla por la parte tercero perjudicada, y que además podría ser constitutivo de un delito si se demostrara tal falsedad; de ahí que, no asista razón lógica para negarles aunque sea el valor probatorio de indicio, al ya encontrarse sancionada su falsedad por la propia ley. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional , en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. Razón por la cual constituye una obligación del juzgador el dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.