ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE EJERCE CON LA FINALIDAD DE EXTINGUIR EL DOMINIO DE UN BIEN PERTENECIENTE A UNA PERSONA A QUIEN NO SE ATRIBUYE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL HECHO ILÍCITO RESPECTIVO.

De un análisis conjunto de los artículos 5, fracción III y 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal , se colige que cuando el Gobierno del Distrito Federal ejerce la acción de extinción de dominio con la finalidad de hacer cesar el derecho de propiedad de un bien perteneciente a un tercero ajeno a la comisión del hecho o hechos ilícitos que motivan tal pretensión, su éxito en sentencia definitiva está sujeto a que se acrediten los elementos constitutivos siguientes: a) La existencia del hecho o hechos ilícitos, es decir, de acuerdo con el artículo 2, fracción VIII , del ordenamiento citado "hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia orzanizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención"; b) El bien respectivo, intitulado a nombre de un tercero a quien no se atribuye intervención en ellos, haya sido utilizado para su comisión; y, c) Que su dueño tuvo conocimiento de esa circunstancia. En tal sentido, atento a lo dispuesto por la fracción III y último párrafo (vigente hasta el 18 de agosto de 2010) del artículo 5, así como el último párrafo del artículo 41 del citado ordenamiento legal, que respectivamente señalan: "Artículo 5. Se determinará procedente la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes: ... III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. ... El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer el delito de delincuencia organizada y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia." y "Artículo 4 1. ... Las pruebas que ofrezca el agente del Ministerio Público deberán ser conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia de cualquiera de los eventos típicos, desde el inicio de la averiguación previa para la admisión de la acción por el Juez, y de los hechos ilícitos señalados en el artículo 4 de la ley y que los bienes son de los enlistados en el artículo 5 del mismo ordenamiento, para el dictado de la sentencia ..."; de ello se sigue que, para prosperar la acción, el Ministerio Público tiene la carga de probar la existencia del hecho o hechos ilícitos; que el bien respecto del cual ejerce la acción fue utilizado en la comisión de éstos, así como que el afectado tuvo conocimiento de dicha circunstancia, es decir, que el bien de su propiedad estaba siendo utilizado en la comisión del ilícito. Sin que obste que este último precepto legal, así como la fracción III del diverso 50, dispongan que las pruebas del demandado deben ser conducentes para acreditar la inexistencia del hecho ilícito; que los bienes no se encuentren en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la misma ley; y la licitud de su origen, o la buena fe del afectado, es decir, que no conocía la existencia del hecho ilícito o que el bien estaba siendo utilizado en su comisión; ello, pues de su interpretación sistémica, lógica y funcional, en relación con el artículo 5, se concluye que antes de operar esa carga probatoria para el demandado, debe quedar satisfecha la que corresponde al actor en los referidos términos, ya que la procedencia de la acción no está supeditada a que el demandado omita probar esos extremos, sino a que lo haga el actor, quien tiene en su contra dicha carga, y a que una vez que éste lo logre, el demandado no consiga desvirtuarla. De tal manera que esa sola enunciación en los invocados artículos 41 y 50, fracción III, no tiene como efecto revertir la carga de la prueba de los extremos de la acción en contra del demandado, sino únicamente el de establecer en su favor el derecho para ofrecer pruebas tendentes a controvertir aquellas que hayan servido de fundamento a los extremos de la acción mencionados; probanzas cuya necesidad se justificará sólo en la medida en que el actor haya satisfecho su carga probatoria en relación con los elementos de la acción, pues, de lo contrario, resultará intrascendente que el demandado haya o no ofrecido pruebas tendentes a desvirtuar tales extremos. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.