INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA A AQUELLAS INSTITUCIONES QUE NO HAYAN OBTENIDO LA LICENCIA PARA SU FUNCIONAMIENTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El artículo tercero transitorio de la citada ley establece que las instituciones asistenciales que operen en el Estado de Nuevo León, deberán contar con la licencia a que se refiere su artículo 18 , en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del decreto por el que se expidió el propio ordenamiento (6 de julio de 2011); que, excepcionalmente y previa solicitud del interesado, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de la entidad, podrá otorgar, por una sola vez, prórroga hasta por otros ciento ochenta días naturales a las instituciones que no hubieren obtenido la licencia dentro del plazo señalado, por alguna causa no imputable a su responsabilidad, y que las que no obtengan la licencia en cualquiera de los plazos indicados, serán intervenidas de inmediato y sus establecimientos ocupados administrativamente por aquélla, en tanto se tramiten los traslados de los niños, niñas y adolescentes a otras instituciones asistenciales que sí hubieran obtenido la licencia. De lo anterior se advierte que el citado precepto transitorio, al establecer dicha medida no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , pues si bien es cierto que, en términos generales, no se precisan pormenorizadamente las formalidades con que se efectuarán las notificaciones y cómo surtirán sus efectos, o aquellas que deban contener las diligencias que tengan que practicarse, la manera de computar los términos y la suplencia de la ley en caso de sus omisiones, también lo es que la configuración legislativa prevista permite considerar, en principio, que la aludida ley es autolimitante para las autoridades encargadas de su aplicación y no permite margen a la arbitrariedad, pues claramente se determina que para el legal funcionamiento de las instituciones asistenciales es necesaria la licencia que acredite su certificación otorgada por la mencionada procuraduría, además de que corresponde a ésta aplicar las sanciones correspondientes a infracciones o inobservancia de sus disposiciones y que, en caso de no obtenerse la referida licencia en los plazos definidos en el precepto transitorio, se procederá a la intervención y ocupación administrativa hasta en tanto se realicen los traslados de los menores a otras instituciones que sí hubieran obtenido la licencia, es decir, cuenta con los elementos esenciales de la conducta a sancionar, así como el contenido y alcance de la infracción y su sanción, máxime que la ausencia de esos elementos reguladores no puede llevar a determinar la inconstitucionalidad de la norma, pues no debe soslayarse que todas las autoridades, por imperativo establecido en el artículo 16 constitucional, tienen el deber de fundar y motivar sus determinaciones y de cumplir con las formalidades específicas para cada acto que realicen, en atención a su naturaleza y en aras de salvaguardar, precisamente, los principios de legalidad y seguridad jurídica; requisitos cuyo cumplimiento constituirá, en todo caso, un análisis de la legalidad de los actos concretos que se actualicen, respecto de sus propias particularidades, y no como una falta de previsión normativa que genere su inconstitucionalidad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.