SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLA CUANDO EN LOS RELATIVOS A VIOLACIONES PROCESALES O SUSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO, SE ALEGUE LA ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO, PUES ÉSTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE PUEDE DEJARLO SIN DEFENSA, AL AFECTAR SUS DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

De conformidad con el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en el recurso de apelación pueden plantearse violaciones procesales, sustanciales al procedimiento y de fondo. Por su parte, las facultades y obligaciones atribuidas al tribunal de apelación para ocuparse de los agravios hechos valer, están previstas en los diversos numerales 396 a 400 de la indicada codificación. Ahora bien, de estas disposiciones se obtiene que el tribunal de alzada puede conferir a los agravios las calificativas de fundados, infundados, inoperantes e insuficientes pero, además, de lo anterior -que corresponde a la forma de proceder en los asuntos de estricto derecho-, existe la obligación asignada al referido tribunal de llevar a cabo la suplencia de los agravios, en la forma de plantearlos o ante su ausencia total, cuando el juicio de origen involucre derechos que puedan afectar a la familia; cuando intervenga un menor como parte, si de no aplicar la suplencia pudiera verse afectado su estado civil o patrimonio; o cuando se afecten derechos de grupos indígenas. Lo antes dicho, que es una obligación impuesta al tribunal de apelación, coexiste con la posibilidad de que se lleve a cabo la referida suplencia, entendida ésta en relación con la deficiencia del agravio y con su ausencia, tanto en asuntos civiles como familiares si: a) Las disposiciones legales en que se sustenta la sentencia apelada son contrarias a la Constitución Federal o a la del Estado de Puebla -y también, cabría decir, en caso de que fueran contrarias a los derechos humanos de fuentes internacionales-; b) En caso de que el fallo correspondiente esté soportado en leyes declaradas inconstitucionales -o inconvencionales- por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; c) Si el fundamento del fallo es contrario a los criterios jurídicos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al interpretar las leyes locales; y, d) En caso de que el tribunal de segundo grado advierta que en el procedimiento acontecieron violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa a alguna de las partes. Recapitulando, la materia de la apelación queda delimitada a la expresión de motivos de inconformidad pero, además, el tribunal de apelación tiene asignadas obligaciones oficiosas para suplir la ausencia o la deficiencia de los agravios, dependiendo de tres hipótesis con las que pudiera estar relacionada la afectación resentida por el apelante: la primera atiende a la materia del conflicto, si se trata de asuntos familiares; la segunda, derivada de la condición particular en que se ubican los promoventes del medio de impugnación, esto es, si fueran menores de edad o grupos indígenas; y, la tercera, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, es decir, de tener por origen la violación a derechos fundamentales derivada de la aplicación de leyes contrarias a la Constitución o de existir declaratoria emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación con facultades para ello; derivada de las interpretaciones efectuadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; o si la infracción que se advierta cometida es contraria a los derechos humanos de debido proceso o de audiencia. Todo lo anterior es congruente con la obligación oficiosa del tribunal de apelación, contenida en el artículo 396 de la legislación adjetiva civil local, de ordenar la reposición del procedimiento de primer grado cuando: a) El Juez a quo hubiera resuelto el juicio sin que el procedimiento correspondiente haya estado en condiciones de concluir por sentencia definitiva; o, b) Cuando exista una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a alguna de las partes. Consecuentemente, el tribunal de apelación está obligado a suplir la deficiencia de los agravios relativos a violaciones procesales o sustanciales al procedimiento, cuando en éstos se impugne el emplazamiento del demandado al juicio de origen, pues su ilegalidad constituye una violación manifiesta de la ley que puede dejarlo sin defensa, en perjuicio de sus derechos humanos de audiencia y de debido proceso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.