SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LOS DAÑOS DERIVADOS DE SU OTORGAMIENTO DEBEN CALCULARSE CON BASE EN EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

El artículo 190, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que la suspensión del laudo reclamado procede respecto de la ejecución de la condena que exceda de la cantidad necesaria para garantizar la subsistencia del trabajador, condicionando sus efectos al otorgamiento de una caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se le pudieran causar. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por daños se entiende la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea al trabajador el hecho de no disponer de la suma que le corresponde conforme al laudo, y cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad, siempre y cuando sea inferior al importe de la condena. En tal sentido, para calcular los daños debe atenderse a la depreciación de la moneda, ocasionada por la inflación en el país, cuyo indicador para determinarlos corresponde al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ya que éste refleja las circunstancias reales del consumo familiar en proporción a la inflación. Dicho indicador es calculado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía los primeros diez días del mes en el Diario Oficial de la Federación, conforme a los lineamientos del artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación. Este índice debe aplicarse al cálculo de ajuste inflacionario de cada uno de los meses que se estime durará la tramitación del juicio de amparo directo y de la sumatoria de esas actualizaciones resultará el total de la depreciación de la moneda que el quejoso deberá garantizar por concepto de daños. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.