AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

La reposición del procedimiento penal ordenada de oficio por el tribunal de alzada para el desahogo o perfeccionamiento de una prueba pericial es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor hasta el 2 de abril de 2013, por tratarse de un acto en el juicio que tiene una ejecución de imposible reparación, al afectar sustancialmente el desarrollo del proceso e incidir en la fijación definitiva de la litis sobre la cual habrá de pronunciarse el juez en la sentencia. Lo anterior es así, porque el proceso penal reviste particularidades que lo distinguen del resto de los juicios previstos en el orden jurídico nacional. El procesado se enfrenta, por lo menos, a un órgano técnico de acusación, como lo es el Ministerio Público, encargado de demostrar la comisión del delito y la responsabilidad del imputado, por lo que de manera correlativa debe adoptar una actitud procesal tendente a preservar su libertad personal. Durante la instrucción, las partes se ocupan de ofrecer las pruebas de cargo y descargo correspondientes y es en la etapa de conclusiones, cuando el Ministerio Público fija de manera definitiva los términos de la acusación, con base en el material probatorio que obra en autos, con la facultad, inclusive, de cambiar la clasificación del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, siempre que no altere los hechos. Por su parte, el juez debe circunscribirse a la citada acusación ministerial al momento de dictar sentencia. De este modo, las conclusiones acusatorias influyen también en la defensa, ya que el procesado deberá darles contestación y formular sus respectivas conclusiones para sostener su inculpabilidad. Por tanto, al ordenarse de oficio la reposición del procedimiento, la Sala de apelación, de manera implícita, otorga al citado órgano técnico una nueva oportunidad para replantear la acusación, subsanar cualquier posible error cometido en el primer juicio y, con ello, agravar la situación del procesado, quien deberá sujetarse a un nuevo juicio en el que deberá reasumir su posición de defensa, tanto al intervenir en el desahogo o perfeccionamiento de una prueba pericial sobre cuyas formalidades no planteó agravio alguno, como al momento de replantear sus conclusiones absolutorias, quedando a expensas del resultado de la valoración judicial del nuevo material probatorio, la cual puede incidir de manera negativa en la decisión de fondo. Todo lo anterior hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional, para verificar si la manera de proceder del tribunal de apelación se encuentra justificada conforme a derecho, o bien, si es innecesaria la reposición y debe dictarse de inmediato la sentencia definitiva, con lo cual se respeta el derecho fundamental de resolver el proceso de manera pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Norma Fundamental. PRIMERA SALA