AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS.

Conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, previsto en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, la sentencia sólo debe de ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versó la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o el acto que la haya motivado. Con base en este principio, el amparo concedido no puede afectar actos anteriores al señalado como el primer acto de aplicación de la norma reclamada para efectos del juicio, pues entonces la sentencia ya no se limitaría a amparar y proteger al quejoso en el caso especial sobre el que versó la demanda. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo expresamente que de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo actualmente abrogada, la concesión del amparo no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros; por tanto, el juzgador no puede hacer extensivos los efectos del fallo protector a los actos de aplicación previos y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque implicaría dar a la concesión de amparo efectos no restitutorios sino retroactivos, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carece de fundamento. Además, al reclamarse una norma como heteroaplicativa, precisamente en función del acto concreto de aplicación señalado en la demanda, y así haberse dado a conocer a las autoridades responsables, no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de actos anteriores al que motivó la instauración del juicio, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables, y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de las sentencias de amparo. PLENO DEL QUINTO CIRCUITO