PRUEBAS EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. EL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El precepto citado que dispone que si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en contrario, lejos de vulnerar el derecho de acceso a la justicia, coadyuva a su cumplimentación, al establecer un mecanismo que provee al juzgador con las herramientas necesarias para allegarse de las pruebas pertinentes para acceder al conocimiento de la verdad. Cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal". En esos casos la parte ya no está actuando exclusivamente en interés propio, sino que tiene un deber de colaborar con la justicia, y esa colaboración es un límite necesario a la libertad individual, impuesto por razones de interés público. Por ello, el apercibimiento contenido en el artículo 89, del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta eficaz para conminar a quien tiene en su poder la prueba de las afirmaciones de su contraria a su exhibición. Ahora, si bien es cierto que ese precepto restringe la libertad de la parte que tiene la prueba en su poder de decidir si la exhibe o no, también lo es que dicha limitación persigue una finalidad constitucionalmente válida, encaminada a cumplir el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, al tener por objeto asegurarse de que el juez obtenga los elementos necesarios para resolver el asunto sometido a su jurisdicción. Asimismo, la medida es necesaria ya que, en caso contrario, al saber que la exhibición de la prueba coadyuvaría a tener por acreditadas las afirmaciones de su contraria, la parte que la tiene en su poder podría optar por no exhibirla, al resultar en su perjuicio. Finalmente, la medida es también proporcional, porque la consecuencia de "tener por ciertas las afirmaciones de la contraria" no hace por sí sola prueba plena, pues del propio precepto deriva que sólo produce una presunción susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario. Por tanto, aun cuando una de las partes afirme algo y ofrezca como prueba cierta documentación que no obra en su poder, y el juez haga el requerimiento respectivo, si la contraparte no exhibe dicha documentación, ésta tiene intocado su derecho para probar que las afirmaciones de su contraria no son ciertas y revertir la presunción de certeza de las afirmaciones referidas. Lo anterior, en el entendido de que el requerimiento que el juzgador realice con base en dicho artículo tendrá que estar fundado y motivado, y dada la consecuencia que se impone a la parte requerida, deberá atender al principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, ya que sólo en aquellos casos en que la prueba en poder de la parte requerida sea necesaria para dilucidar la litis del juicio, se justifica su requerimiento; asimismo, el juez debe tomar en cuenta que la información que se estime confidencial de la parte requerida esté protegida frente a intromisiones ilegítimas. PRIMERA SALA