Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2012699
XVII.1o.P.A.33 P (10a.)Tesis Aislada10a. ÉpocaT.C.C.Penal
- Registro digital (IUS)
- 2012699
- Clave de tesis
- XVII.1o.P.A.33 P (10a.)
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 10a. Época
- Instancia
- T.C.C.
- Materia
- Penal
- Fuente
- [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 34, Septiembre de 2016; Tomo IV; Pág. 2826
- Publicación
- 2016-09-30
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SI PARA PRESCINDIR DE ELLA O SUSTITUIRLA POR UNA MENOS GRAVE O POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD, EL JUEZ DE EJECUCIÓN CONSIDERA QUE EL DICTAMEN MÉDICO DESAHOGADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL ESTADO DE SALUD DEL SENTENCIADO, DEBE ORDENAR LA PRÁCTICA DE MÁS DICTÁMENES A EFECTO DE CONOCER CON CERTEZA EL VERDADERO ESTADO DE SALUD DE AQUÉL, YA QUE NO HACERLO, CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE LEGALIDAD Y DEFENSA Y PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 34, Septiembre de 2016; Tomo IV; Pág. 2826
En la aplicación de las penas, específicamente en cuanto a lo previsto en el artículo 72, inciso c), del Código Penal del Estado de Chihuahua, relativo a su racionalidad, se establece que la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad, cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, en razón de que el agente padezca enfermedad grave e incurable avanzada o precario estado de salud; en estos casos, la autoridad judicial tomará en cuenta el resultado de los dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de su determinación. Por ello, si el dictamen médico desahogado en la audiencia correspondiente, es insuficiente para acreditar fehacientemente el estado de salud del sentenciado, el Juez de Ejecución debe ordenar la práctica de más dictámenes periciales de los que la ciencia médica sugiere, a efecto de conocer con certeza el verdadero estado de salud de aquél, pues sólo en esas condiciones, estará en aptitud de resolver sobre la procedencia o no, de prescindir de la imposición de la pena de prisión o sustituirla por una medida de seguridad. De no hacerlo así, se contravendrían los derechos fundamentales de legalidad y defensa del quejoso, en cuyo caso, procede ordenar la reposición del procedimiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo en revisión 182/2016. 14 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Erik Montes Gutiérrez, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.
Tesis relacionadas
- SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. PARA QUE EL JUEZ DEL PROCESO RESUELVA SOBRE SU PROCEDENCIA CUANDO CONSIDERA INSUFICIENTES LAS PRUEBAS PERICIALES OFRECIDAS POR EL ACTIVO, DEBE ORDENAR LA PRÁCTICA DE LOS DICTÁMENES PERICIALES MÉDICOS NECESARIOS QUE CERTIFIQUEN SU VERDADERO ESTADO DE SALUD, PUES SU OMISIÓN ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SI SE ACTUALIZA PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONCEDA EL AMPARO POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR SU PROPIA JURISPRUDENCIA, EL ESTUDIO Y RESTAURACIÓN DE ESA VIOLACIÓN SON PRIORITARIOS, AUN POR ENCIMA DE LA INOPERANCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, A FIN DE PRESERVAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDOS A FAVOR DEL INDIVIDUO.
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DEBE DETERMINAR SI OPERA DICHA FIGURA CUANDO EL QUEJOSO ESTUVO PRIVADO DE SU LIBERTAD, ATENTO A LAS CONSECUENCIAS GENERADAS POR LA DESVENTAJA SOCIAL DERIVADA DE ESA CONDICIÓN, CON INDEPENDENCIA DE SU CALIDAD DE PATRÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.
- ROBO CALIFICADO. SI LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DETERMINA, TANTO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, QUE LA AGRAVANTE QUE SE ACREDITA ES LA DE "LUGAR DESTINADO PARA HABITACIÓN", A PESAR DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO, EN SUS CONCLUSIONES, ACUSÓ POR LA DIVERSA DE "LUGAR HABITADO", SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
- PRUEBA ILÍCITA. SI EN UNA MISMA DILIGENCIA SE FUSIONAN DOS DISTINTOS MEDIOS PROBATORIOS QUE EXIGEN PARA SU VALIDEZ EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EN ARTÍCULOS DIFERENTES SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y, POR ELLO, ES LEGAL QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL HAGA UNA VALORACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DE AQUÉLLA.
- REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR NO OSTENTAR LA FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR, CUANDO LA DISCUSIÓN SUSTANCIAL QUE LLEVÓ A ESA DETERMINACIÓN FUE SI SE ACTUALIZABA O NO LA NEGATIVA FICTA Y LA AUTORIDAD SOSTIENE EN SUS AGRAVIOS QUE DEMOSTRÓ EN JUICIO LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y SU DEBIDA NOTIFICACIÓN, ERIGIÉNDOSE ESTE TEMA EN EL ASPECTO DE FONDO O SUSTANCIAL POR DIRIMIR.
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL. PARA SU DESAHOGO CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO SÓLO SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE EL INCULPADO CARECE DE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGARLAS, POR LO QUE ES INNECESARIO JUSTIFICAR QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
- MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO, AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO ESTÁ FACULTADO PARA REVISAR AQUÉLLAS, AL SER UNA POTESTAD DEL JUEZ DEL PROCESO.