Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2014036
PC.XXXIII.CRT. J/10 A (10a.)Jurisprudencia10a. ÉpocaPlenos de CircuitoAdministrativa, Constitucional
- Registro digital (IUS)
- 2014036
- Clave de tesis
- PC.XXXIII.CRT. J/10 A (10a.)
- Tipo
- Jurisprudencia
- Época
- 10a. Época
- Instancia
- Plenos de Circuito
- Materia
- Administrativa, Constitucional
- Fuente
- [J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo III; Pág. 2057
- Publicación
- 2017-03-31
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZAR EL DERECHO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD SUSTANCIADOS POR AQUÉL EN LOS QUE CUENTE CON INDICIOS SUFICIENTES DE QUE LA PARTE INVOLUCRADA ES UNA PERSONA ADULTA MAYOR.
[J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo III; Pág. 2057
La prerrogativa de todas las personas a recibir protección especial durante su ancianidad es un derecho fundamental reconocido en el sistema jurídico nacional, con motivo de la suscripción y ratificación por el Estado Mexicano del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Ahora bien, entre las medidas adoptadas para cumplir esa obligación se encuentra la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo artículo 2o., fracciones I y IV, dispone que su aplicación y seguimiento corresponden al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como a las entidades federativas, a los Municipios, a los órganos desconcentrados y paraestatales y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, inciso c), del ordenamiento legal referido señala que en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte personas adultas mayores (aquellas que cuentan con 60 años de edad o más), debe garantizarse su derecho a recibir asesoría jurídica gratuita y a contar con un representante legal si lo estiman necesario. En ese tenor, el hecho de que en el listado de sujetos obligados a la aplicación de la ley en cita no se mencionen a los órganos constitucionales autónomos, no implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no esté obligado a cumplirla, pues conforme al principio de progresividad (y sus correlativos de no regresividad y expansividad de los derechos humanos) tiene ese deber de tutela, máxime que, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades deben proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, en los procedimientos administrativos de responsabilidad sustanciados por el Instituto aludido, en los que cuente con indicios suficientes de que la parte involucrada es una persona adulta mayor, dicho Instituto estará obligado a garantizar el derecho previsto en el artículo 5o., fracción II, inciso c), de la ley indicada.
PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES.
Precedentes
Contradicción de tesis 4/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 30 de enero de 2017. Mayoría de votos de los Magistrados Adriana Leticia Campuzano Gallegos, Pedro Esteban Penagos López, Jean Claude Tron Petit, Óscar Germán Cendejas Gleason y Patricio González-Loyola Pérez. Disidente: Homero Fernando Reed Ornelas. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretarios: Mario Jiménez Jiménez y José Pablo Sáyago Vargas.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.1o.A.E.1 CS (10a.), I.1o.A.E.89 A (10a.), I.1o.A.E.96 A (10a.) y I.1o.A.E.126 A (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, AL PROTEGER VALORES CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBE OBSERVARSE POR TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO.", "DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. NO EXISTE ANTINOMIA ENTRE LA LEY RELATIVA Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.", "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE LA DUDA DE LA PERTENENCIA DEL PARTICULAR DESTINATARIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A ESE GRUPO VULNERABLE, LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACUERDO DE SU INICIO DEBE ACTUAR DILIGENTEMENTE, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TUTELA." y "PERSONAS ADULTAS MAYORES. LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE SEAN PARTE, DEBEN INFORMARLES QUE TIENEN DERECHO A RECIBIR ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA Y A CONTAR CON UN REPRESENTANTE LEGAL CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DE LOS DERECHOS RELATIVA.", aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, páginas 3248, 3249, 3382 y 3383, respectivamente, y
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el amparo en revisión 14/2016.
Tesis relacionadas
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN VÍA SUMARIA. EL ARTÍCULO 58-3, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD, AL ESTABLECER LA IMPROCEDENCIA DE ESA VÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE IMPONEN MULTAS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
- JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES LEGÍTIMA LA OPOSICIÓN FORMULADA EXPRESAMENTE POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, EN QUE SE PRETENDE LA SUCESIÓN DE DERECHOS COMUNALES PROMOVIDA POR UNA PERSONA AJENA AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEROGADA.
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. SU PRESENTACIÓN EN LÍNEA ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO INTERRUMPE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, DEBIENDO CONSIDERARSE PARA EL CÓMPUTO DE ÉSTE, LA FECHA EN QUE EL ESCRITO (UNA VEZ IMPRESO) ES RECIBIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- MULTA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. ES NECESARIO QUE EL AGENTE QUE LA IMPONE PRECISE EN LA BOLETA CORRESPONDIENTE LOS DATOS MÍNIMOS QUE PERMITAN AUTENTIFICAR EL GAFETE CON EL CUAL SE IDENTIFICA, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
- APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 461 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE EXTENDER EL ANÁLISIS DE LA DECISIÓN RECURRIDA MÁS ALLÁ DE LOS AGRAVIOS O DE LOS LÍMITES DE DICHO RECURSO, EN EL CASO DE VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO, NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE HACERLO EN FAVOR DE LA VÍCTIMA.
- QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI NO FUERON RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SE OBSERVA QUE POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE PUEDA CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A ALGUNA DE LAS PARTES, IRREPARABLE EN SENTENCIA DEFINITIVA.
- INCIDENTE DE REINDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA EN SENTENCIA DEFINITIVA. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL INCULPADO, POR LO QUE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES.
- SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN A LA PROHIBICIÓN A LA PERSONA JUZGADORA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, DE SOSTENER ENTREVISTAS CON CUALQUIERA DE LAS PARTES SIN QUE ESTÉ PRESENTE LA OTRA, EN JUICIOS BAJO SU CONOCIMIENTO, Y EXCEPCIONES A LA MISMA.