REDUCCIÓN DE LA PENA POR PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. ESTE SUSTITUTIVO PENAL ES INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO DE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, POR LO QUE CONDICIONAR SU CONCESIÓN A LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OBTENER ÉSTA O NEGARLA BAJO LA PREMISA DE QUE EL SENTENCIADO NO OBTENDRÍA SU INMEDIATA LIBERTAD, ES ILEGAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

Conforme al artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la pretensión del Estado es lograr, mediante la organización del sistema penitenciario, la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 162 y 163 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, que se ubican dentro del título décimo primero, denominado: "Sustitutivos penales y beneficios de libertad anticipada", capítulo quinto, intitulado: "Remisión parcial de la pena", se concluye que la reducción de la pena por pago de la reparación del daño es un sustitutivo penal independiente y autónomo de la remisión parcial de la pena, porque de los preceptos que prevén ambas figuras, se advierte que no dependen una de la otra para su existencia. Por tanto, condicionar su concesión a la satisfacción de los requisitos que establece el numeral indicado en primer término, o negarla bajo la premisa de que el sentenciado no obtendría su inmediata libertad es ilegal, porque para su procedencia, el legislador únicamente exigió que, a juicio del Juez y con elementos objetivos suficientes, se garantice el principio de reinserción social, o que por las características bajo las cuales se cometió el delito y con la libertad del sentenciado no se pongan en riesgo la paz y tranquilidad social y que éste acredite ante el juzgador haber cubierto el monto total de la condena reparatoria; por lo que no existe razón para exigir mayores requisitos que los establecidos en la norma, más aún cuando el actual paradigma jurídico mexicano acoge el "derecho penal de acto" y el modelo de la reinserción social, lo que hace evidente que el sentenciado puede acceder a los sustitutivos que la ley prevé, con total independencia de que con ello obtenga o no su inmediata libertad. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.