UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A SUS ALUMNOS DE USAR UNA PULSERA, BRAZALETE U OTRO DISTINTIVO ANÁLOGO, PARA DIFERENCIAR A QUIENES HAN PAGADO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN, ES UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA QUE VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN.

Del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el derecho a la educación es una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, a través de los programas oficiales establecidos y de conformidad con las normas jurídicas vigentes; para tal fin, autoriza que los organismos descentralizados y los particulares impartan el servicio de educación que originariamente corresponde al Estado. Ahora, de dicho precepto, en relación armónica con los artículos 1o. constitucional; 6, 7 y 9, fracciones I y II, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 13, numerales 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13, numerales 1 y 2, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26, numerales 1 y 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se colige la obligación tanto de las instituciones públicas de educación, como de las particulares que prestan servicios educativos, de mantener una política orientada hacia la dignidad de las personas, en el marco de la no discriminación y el fomento a los derechos humanos, a fin de contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. En tales condiciones, la mecánica implementada por una universidad privada que, para diferenciar a los alumnos que han pagado los servicios de educación que presta, los obliga a usar una pulsera, brazalete o cualquier otro distintivo, constituye una medida discriminatoria y viola el derecho humano a la educación, pues segrega a la sociedad estudiantil, lo cual merma en su dignidad y es contrario a una política educativa que favorece a la comprensión y tolerancia, pues dicha acción constituye una forma de discriminación motivada por una condición social que crea un menoscabo en los derechos y libertades de los estudiantes, ya que son obligados a portar un distintivo que tiene una connotación económica, a pesar de que se encuentren al corriente en sus colegiaturas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.