INMEDIATEZ PROCESAL EN MATERIA PENAL. PARA ARMONIZAR DICHO PRINCIPIO CON LA VISIÓN OTORGADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES INDISPENSABLE ATENDER A LOS REQUISITOS QUE JUSTIFICAN SU LEGAL APLICACIÓN.

Conforme al principio de inmediatez procesal en materia penal, las primeras declaraciones prevalecen sobre las posteriores; sin embargo, esa preferencia se presenta sólo cuando se satisfacen los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros medios de prueba que la corroboren. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe 15/16 de la Petición 1171-09, derivado de la Solución Amistosa del caso Ananías Laparra Martínez y Familiares vs. México, estimó que el hecho de otorgar valor preponderante a la primera declaración en un proceso no resulta apegado a la interpretación que ese organismo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han efectuado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más aún si para el Poder Judicial de la Federación no existe distinción entre la autoridad que recibe la manifestación; por tanto, reafirma que para garantizar las prerrogativas fundamentales de la Convención, resulta indispensable que el proceso judicial sea conducido directa e inmediatamente por la persona juzgadora, evitando el distanciamiento entre las personas sometidas a jurisdicción, los elementos del proceso y el órgano jurisdiccional, con lo cual, será posible advertir irregularidades y violaciones a los derechos humanos; de ahí que deben desecharse las interpretaciones indebidas y erradas, entre las que se incluye el otorgamiento de valor preponderante a las declaraciones efectuadas en sede policial o ministerial. Ahora bien, aun cuando el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional contenidos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados, carecen de obligatoriedad, constituyen herramientas para los juzgadores, pues están fundadas en el respeto a los derechos humanos, establecidas precisamente por los órganos facultados para la revisión de la aplicación de los tratados. De ahí que, aun cuando no debe descartarse la aplicación del principio de inmediatez procesal, a fin de armonizarlo con el estándar regional de derechos humanos, es indispensable atender a los requisitos que justifican su legal aplicación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.