EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Esta atribución tiene lugar una vez concluida la fase de investigación complementaria cuando de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, por lo que la fiscalía estará en aptitud de ejercer la acción penal materializada a través de la acusación, que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Fiscal decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que se formula dará inicio a la etapa intermedia. Derivado de lo anterior, resulta útil señalar que los efectos que produce la acusación son: a) la imposibilidad de reabrir la etapa de investigación; b) el inicio de la etapa intermedia o de preparación a juicio; c) la fijación de la litis que será objeto de discusión en la audiencia de debate ante el tribunal de enjuiciamiento; y d) la fijación de los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado, así como las sanciones que correspondan. En ese tenor, el Fiscal no puede delegar dicha facultad en otro ente o persona –con excepción de la acción penal por particulares– y en caso de no formularla, ello conducirá a que se extinga la acción penal. PRIMERA SALA